Pese a la resistencia del grueso de Juntos por el Cambio y algunos bloques minoritarios de la oposición, el oficialismo logró este viernes aprobar con media sanción el proyecto de ley que crea un nuevo marco legal para el sector de Biocombustibles.
Luego de muchas horas de debate, con casi 50 oradores, la iniciativa cosechó 135 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que será girada al Senado para su tratamiento.
El nuevo régimen de biocombustibles regirá hasta el 31 de diciembre de 2030 (con posibilidad de prórroga por cinco años más) y establece una reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio mínimo para el biodiésel.
Además, la Secretaría de Energía podrá reducir el corte hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez por parte de las empresas elaboradoras».
En cuanto a las naftas, se mantiene el 12% de corte mínimo obligatorio de bioetanol, mientras que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, se fijó que el corte mínimo deberá ser del 6%, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
«Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector», argumentó el miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Energía, Omar Félix (Frente de Todos).
En representación de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre (UCR) expuso los motivos del rechazo al sostener que el oficialismo propone un «castigo al que invirtió y un incentivo a la mediocridad».
«Este proyecto no es una prórroga del régimen de la Ley 26.093 como propuso el Frente de Todos en el Senado. Tampoco es un nuevo Régimen de Promoción y Fomento, muy por el contrario, hay castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad. En realidad es un proyecto regresivo, intervencionista e inconstitucional», afirmó la también mendocina.
Según pronosticó, «serán pocas empresas que seguirán en pie a costa del capitalismo de amigos K», y lamentó que no se haya «escuchado a las 10.000 familias que quedarán sin empleo».
Latorre mencionó que la iniciativa «ni siquiera tiene consenso en el Frente de Todos» y subrayó que se está «derogando un régimen promovido por el kirchnerismo», en alusión a la ley aprobada en 2006 con el impulso del Gobierno de Néstor Kirchner.
El cordobés Eduardo Fernández (Frente de Todos) defendió el proyecto y sostuvo que no se está legislando «para dos o tres empresarios» de un sector económico determinado sino a favor de «los intereses de las mayorías».
«Esta ley estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable», indicó.
A su turno, el diputado del PRO Omar de Marchi alertó que «lo más grave es que esta ley prohíbe la instalación de nuevas empresas».
«Esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina», advirtió el mendocino.
Por su parte, la santafesina Lucila Lehmann (Coalición Cívica) sostuvo que la iniciativa «está muy lejos de establecer un régimen que fomente el biocombustible».
Tras recordar que el proyecto «reduce los cortes del biodiesel a la mitad y habilita al Poder Ejecutivo a poder reducirlo a un 3%», señaló que «como es de costumbre de este gobierno va totalmente en contra de la producción agrícola y también de la ecología».
«En la provincia de Santa Fe están el 80 por ciento de las empresas de biodiesel. Esto significa desempleo. Me parece cínico hablar de sustitución de importaciones cuando la baja del corte de biodiesel se sustituye directamente y únicamente con el gas oil importado. Este proyecto está hecho a traje y medida de la industria petrolera y de la contaminación ambiental», se quejó.
A diferencia de muchos de sus colegas de Juntos por el Cambio, el radical tucumano José Cano adelantó que votaría a favor de la iniciativa, pese a reconocer que «la mejor opción hubiera sido la prórroga de la actual ley».
«Vivimos en una provincia que tiene 15 ingenios azucareros que generan en forma directa o indirecta más de 100.000 puestos de trabajo, que aporta la mitad de bioetanol que hoy se mezcla en nafta, y que aparte la actividad se sustenta en la producción de bioetanol», justificó Cano, que repitió algunos de los argumentos que había expresado su coprovinciana Lidia Ascárate (UCR). .
«Hablando con el presidente del centro azucarero argentino, con la Unión Industrial de Tucumán, con los gremios que representar al sector, los nueve puntos que las provincia de Salta, Tucumán y Jujuy le plantearon al gobierno y al Congreso para que se recepten han sido incorporados en este proyecto de ley», finalizó.
La postura de los santafesinos:
