Nueva intimación judicial contra Pettovello: tiene 72 horas para decir qué hizo con los alimentos sin repartir

La Justicia intimó nuevamente este martes al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para que brinde información precisa sobre el destino de los alimentos que se encontraron acopiados en los galpones de la cartera. La funcionaria tiene un plazo de 72 para responder qué hizo con estos productos.

El pasado 27 de mayo, el juez Sebastián Casanello dictó una cautelar para que Pettovello diseñe un plan de reparto de las 5.000 toneladas de alimentos guardadas en dos galpones de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires) y ejecutarlo cuanto antes, con el objetivo de evitar la fecha de caducidad.

El diario Página 12 accedió a la intimación que realizó el juez Casanello y expuso el siguiente listado con los requerimientos de información que Pettovello todavía no respondió.

Por un lado, se le exigen los remitos originales de la entrega de alimentos que hizo Capital Humano desde los inicios del gobierno de Javier Milei. En un allanamiento que se hizo por orden del juez en el galpón de Villa Martelli, se encontraron documentos con los listados, pero no tenían firma. Dicho operativo surgió precisamente porque había discrepancias entre el listado de productos guardados que había presentado el Ministerio y lo que había respondido en un pedido de acceso a la información pública.

Además, se requieren los remitos de la leche en polvo y harina de maíz que Capital Humano envió a la Fundación Conin y cuál fue el destino puntual que tuvo esa mercadería, con la documentación firmada por los beneficiarios. Se supone que son 465.464 kilos de leche y 4.439 de harina. La entidad, conducida por el médico Abel Albino -recordado por sus dichos cuestionando la seguridad de los profilácticos y su encendida postura contra la interrupción voluntaria del embarazo- fue elegida para actuar como intermediaria.

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Cabe recordar que el Gobierno afirmó en reiteradas oportunidades que está en contra de la intermediación en la política alimentaria, pero terminó optando por el mismo accionar que criticaba, solo que dejando afuera a las organizaciones sociales.

Por otra parte, como respuesta al pedido de un plan de distribución de alimentos, Capital Humano presentó un escueto escrito en el que adelantaba que iba a convocar a los ministerios de Desarrollo de las provincias para que colaboren con la logística de entrega. Posteriormente, afirmó que había logrado acordar con todos los gobiernos provinciales, menos con Tierra del Fuego. En ese marco, Casanello reclama que Pettovello le muestre los convenios firmados con los Ejecutivos de las provincias y detalle los avances que tuvieron.

Asimismo, el juez exige que le adjunten un informe con el estado de distribución de la leche en polvo marca Cotar y las pasas de uva que vencen en agosto y, si no se repartieron, se desperdiciarían al llegar la fecha de caducidad, en un país que enfrenta una profunda crisis socioeconómica.

Este expediente es el que inició a raíz de una denuncia que presentó el abogado y dirigente social Juan Grabois en febrero pasado. En la misma advertía que la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios estaba suspendida. Mientras dicha presentación se tramitaba, apareció el informe publicado por el periodista Ari Lijalad en El Destape, donde salió a la luz que el Gobierno de Javier Milei tenía acopiadas más de 5.000 toneladas de alimentos en galpones, con riesgo de vencimiento.

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El Ministerio de Capital Humano apeló tiempo atrás la cautelar de Casanello argumentando que esta falta de reparto «es una política social no judiciable», pero tanto la Sala II de la Cámara Federal, como la de Casación Penal, confirmaron la decisión del juez de primera instancia.

Actualmente el tema está en Casación y hay una presentación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, para que el expediente trepe a la Corte Suprema. Mientras tanto, gran parte de la población argentina espera que el Ejecutivo active un plan de asistencia que le permita aguantar la recesión económica que instaló como mecanismo para frenar el alza de la inflación.

Sobre esto último, existe un expediente en el fuero contencioso administrativo que tramita un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). Allí, antes de que comenzara la feria judicial, el magistrado Walter Lara Correa firmó una medida cautelar que le marca al Estado nacional que, a través de Capital Humano, debe cumplir con los programas alimentarios que él mismo reconoce que están vigentes, aunque no los aplica.