El fiscal Gastón Larramendi, quien pidió el desalojo de la planta de Pepsico, justificó hoy esa medida, al señalar que «hubo una intrusión ilegal de los trabajadores», aunque aclaró que la Justicia «no cuestiona el reclamo gremial» por los despidos.
Larramendi advirtió que la empresa «está ubicada en una zona residencial, de hecho hay dos colegios muy cerca. Yo respeto la legalidad, no se trata de perseguir por perseguir en sí mismo, pero hubo una intrusión ilegal por parte de los trabajadores. La orden de la jueza es el reintegro de la planta a los propietarios».
«Yo pedí el desalojo de la fábrica. Esto arrancó por una toma de la planta por parte del personal el 26 de junio. Según los denunciantes, el lugar tenía imposibilidad material, operativa y de riesgo ambiental para poder continuar, motivo por el cual las operaciones se trasladaron (desde Vicente López) a la planta de Mar del Plata», puntualizó Larramendi.
En declaraciones a radio El Mundo, el fiscal señaló además que, ante esta situación, «la empresa dijo que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores, pero en ese momento no se pensaba en el desalojo».
«Por eso, nosotros no cuestionamos el reclamo gremial ni el laboral, ambos son lícitos, pero todos los derechos no son absolutos. El derecho a reclamar no puede avasallar el derecho de los demás. Se pidió el desalojo por el riesgo ambiental. Estamos ante una planta que elabora comestibles y no está comprobado que
se cumplan los controles para que los productos salgan a la calle», enfatizó.
