El Gobierno presentó este lunes un escrito ante la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el que pide que no se reconozca el 10 de enero como fecha límite para presentar garantías y, de esta manera, evitar embargos, en el marco del fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF, realizada en 2012.
Este martes por la tarde, la magistrada neoyorquina deberá confirmar su orden que establece el 10 de enero como fecha, o de lo contrario acceder al pedido argentino y postergar los pedidos de embargo hasta que «los demandantes hayan identificado activos para embargar».
El Estado nacional lo hizo a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, firma que representa a la Argentina en el caso YPF en los Estados Unidos.
La presentación establece que «mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos».
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En diciembre, ya con Javier Milei como presidente, Preska accedió a eximir del pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012.
Pocos días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que «la Argentina está en una situación muy complicada» respecto del juicio por la expropiación de YPF.
«La Argentina está decidida a respetar todos los contratos y todos los fallos judiciales de cualquier índole», dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Según trascendió, la situación de la Argentina por el juicio YPF se habría colado por primera vez en la agenda de las reuniones de los funcionarios del FMI con el Gobierno, que se desarrollaron durante el fin de semana en Buenos Aires.
