Organizaciones políticas y sociales se movilizan a Plaza de Mayo «contra la persecución a opositores», en coincidencia con la tradicional Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo.
La iniciativa surgió luego de que el juez federal Claudio Bonadio procesara y pidiera el desafuero y detención de la senadora Cristina Kirchner, además de disponer la prisión preventiva a ex funcionarios de su gobierno en el marco de la causa por la firma del Memorándum con Irán.
Bajo el lema «Basta de perseguir» se cocnentraron la Ctep, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Kolina, la Correpi, La Cámpora, Miles y la Tupac Amaru, entre otras organizaciones kirchneristas y no kirchneristas.
Al tomar la iniciativa del llamamiento, la Ctep repudió «las detenciones arbitrarias que se vienen llevando a cabo, sin respetar el debido proceso en causas judiciales, que se han convertido en meras operaciones de persecución contra líderes de la oposición política, social y sindical, violando las garantías elementales de nuestra Constitución Nacional».
«Convocamos al pueblo a movilizarse a Plaza de Mayo desde las 19 contra la política de represión, la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes sociales, sindicales y políticos opositores que impulsa el gobierno nacional», expresó.
Comunicado del Frente para la Victoria
Los diputados y diputadas que integramos el bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista expresamos nuestro más enérgico repudio a esta nueva etapa de persecución política y judicial, abierta en las últimas horas, que pone en suspenso el Estado de Derecho en la Argentina.
Las últimas decisiones del Juez Claudio Bonadío son escandalosas. Rechazamos el procesamiento con prisión preventiva dictado contra Carlos Zannini, Héctor Timerman y Luis D’Elia; y los procesamientos de Oscar Parrilli y Andrés Larroque. Y consideramos de una enorme gravedad institucional el procesamiento con prisión preventiva y pedido de desafuero a la actual Senadora Nacional y ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Quieren meter presa a Cristina por impulsar en el marco de sus atribuciones como Presidenta de la Nación un Memorándum que contó con aprobación del Congreso de la Nación y que, finalmente, nunca se puso en práctica. Sólo se buscaba, con esa herramienta, que los ciudadanos iraníes imputados como potenciales culpables del atentado contra la AMIA – de acuerdo a lo indicado por el ex fiscal Nisman – puedan ser indagados por la justicia argentina. Bonadío, junto a otros operadores políticos y judiciales, armó una causa por “traición a la Patria”, una verdadera atrocidad jurídica.
Hace tiempo que Bonadío no es un juez imparcial. Su animosidad es manifiesta contra Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que huela a kirchnerismo. Lo hemos dicho innumerables veces. Pero Bonadío no actúa sólo. Por eso, no tenemos dudas de que el primer responsable de esta persecución es el mismísimo Presidente Mauricio Macri.
Hoy ser opositor en la Argentina significa estar en libertad condicional. Por cualquier motivo, en pocos meses, pueden denunciar, imputar de un delito, procesar y dictar la prisión preventiva a cualquiera que alce su voz contra las políticas del gobierno de Macri. Ser opositor hoy es estar a tiro de ir a prisión. Desde la última dictadura cívico – militar que no asistíamos a una situación de semejante vulneración de los derechos constitucionales.
Esta metodología se descarga en forma directa sobre todos los que fuimos parte o apoyamos los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero se traslada en formato de amenaza sobre todo aquel dirigente que insinúe alzar su voz en forma crítica al gobierno. Quieren atemorizar a la dirigencia opositora y a la amplia mayoría del pueblo argentino, que no quiere retroceder en materia de derechos y garantías.
Llamamos a la reflexión a los Diputados y Senadores de la Nación. Intentarán hacerles creer que esta persecución política, jurídica y mediática sólo tiene como destinatarios a los dirigentes del campo popular. Esto no es así: es una acción planificada que tiene como objetivo potencial a todo dirigente político, social o gremial que se anime a poner reparos a la sistemática tarea de vulneración de derechos a la que nos somete el gobierno de Mauricio Macri.
No es casual entonces que, esta nueva etapa de persecución, se ejecute en un contexto político en el cuál el gobierno nacional pretende avanzar con leyes que van absolutamente en contra de los trabajadores y jubilados. ¿Querrán conseguir los votos que no tienen en el Congreso atemorizando a la dirigencia política?
Estamos a 72 horas de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía la Presidencia. Por eso, desde nuestro bloque, vamos a utilizar todos los resortes políticos, institucionales y jurídicos necesarios para frenar esta persecución política sin precedentes en tiempos de democracia.
