En tren de garantizar el abastecimiento de combustible, la recolección de residuos y el reparto de mercadería en los supermercados, el Gobierno dictó ayer la conciliación obligatoria e intervino así en la pulseada salarial que sostienen el gremio de los camioneros, que lidera Hugo Moyano, y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que reúne a unas 45 cámaras.
La intervención del Ministerio de Trabajo, sin embargo, no bajó la tensión. Los camioneros incumplieron durante 12 horas la conciliación obligatoria y el Gobierno dispuso abrir un procedimiento legal para sancionar al sindicato de Moyano.
«Fue una falta muy grave e ilegal. Se abrirá un procedimiento que puede llegar a la sanción», dijo a La Nación Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo. Según el funcionario, de acuerdo a la ley 25212, la pena económica que se podría aplicar es del 50% al 2000% del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil [$ 8060] por cada trabajador afectado.
Hay un antecedente reciente de una multa a camioneros por no cumplir la conciliación obligatoria. El gobierno de Cristina Kirchner le aplicó un embargo de $ 4.800.000 por una protesta de la rama combustibles en 2012. El caso se judicializó y finalmente el gremio logró evitar el pago de la sanción.
Después de haber bloqueado refinerías, lo que generó desabastecimiento en las estaciones de servicios y largas colas de autos para tratar de cargar combustible, los camioneros levantaron ayer la protesta caída la tarde.
El gremio de Moyano exige un aumento salarial de 42 por ciento y una compensación extra por las quitas del impuesto a las ganancias. Los empresarios ofrecieron anteayer una suba de 28% en tres tramos. Argumentaron una caída en los volúmenes a transportar y la suba de la nafta y de las tarifas, según contaron a La Nación fuentes de la Faeeac. La propuesta empresarial no prosperó y fue lo que desencadenó en paros sectoriales de las diferentes ramas de los camioneros.
