El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos a las Personas con Discapacidad realizó este miércoles movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar que el Gobierno nacional termine con los ajustes en el sector y rechazar el decreto con el que el Ejecutivo busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas.

La manifestación también tuvo su eco en Rosario, donde la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis) y la Asociación de Transportistas (Atraes) mostraron su rechazo las políticas impulsadas por La Libertad Avanza con un acto en el Monumento a la Bandera.

«Esta protesta involucra tanto al transporte como a las instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad. También a los profesionales de la salud y la educación ligados al sector. Esta parte de la población corre riesgo de perder la accesibilidad a las prestaciones», resaltó la referente de Apridis, Mariel Chapero, en declaraciones a Conclusión.

Desde el Foro antes nombrado emitieron un comunicado en el que destacan que, pese a que funcionarios del Gobierno nacional desmentían la implementación de un proyecto desregulador del Sistema Único de Prestaciones Básicas, «el mismo avanza y ya está con dictamen firmado el 24 de mayo pasado por la Secretaría de Legal y Técnica», por lo que «ahora solo falta la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del presidente Javier Milei».

«El viernes 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 (obras sociales, prepagas y PAMI, entre otras) se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas», dijeron en un comunicado desde este Foro integrado por 14 instituciones prestadoras entre las que se encuentran Vitra, Don Orione y Apadea.

«Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de Pami o cuenten con una pensión o prepaga», agregaron.

Y añadieron: «De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga»

En ese sentido, aseguran que el atraso de los aranceles –del orden del 100% en el transporte y del 45% para el resto de las prestaciones- «ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso», lo que «puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto».

Marchas en todo el país

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la movilización fue a las 11 en la Quinta presidencial de Olivos, mientras que hubo manifestaciones similares durante la mañana en la mencionada Santa Fe, y en Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan y Salta.

En Córdoba, hubo manifestaciones tanto en la capital provincial como en Villa María, Alta Gracia y Río Cuarto.

En Mendoza, por su parte, la protesta se produjo frente a la Legislatura Provincial (Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento), mientras que en San Juan capital fue frente al Centro Cívico (Avenida Libertador entre las Heras y España) y en la provincia de Salta ocurrió en la ciudad capital del mismo nombre, en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes.