Desde el Observatorio que revisará conducta de medios afirmaron que no buscan «censurar ni prohibir a nadie»

La defensora del Público de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, aseguró hoy que el organismo a su cargo «no quiere censurar ni prohibir a nadie«, en momentos en que el fiscal Carlos Stornelli pidió su indagatoria por supuesto abuso de autoridad.

Lewin salió al cruce de la críticas en contra de Nodio, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales, que lanzó desde la Defensoría.

Al respecto, Lewin consideró que el organismo a su cargo propicia la «cooperación con las plataformas, universidades y organizaciones civiles» para concientizar sobre la problemática que se da «cuando una minoría es atacada, discriminada, se llama a silencio y se retira de la discusión en la plaza pública y la democracia pierde».

En ese sentido, consideró que «la idea es que haya más opinión, más libertad de expresión y más voces«, e indicó que como lo indica las Naciones Unidas quieren «realizar campañas de educación que promuevan la alfabetización mediática e informacional».

«Nosotros no queremos censurar ni prohibir a nadie», enfatizó la funcionaria en declaraciones radiales, y precisó que Nodio es un observatorio dedicado a registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos.

Lewin, además, explicó que ante quienes acuden a la Defensoría tiene que «hacer algo con respecto a los discursos violentos y la desinformación que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación».

Este jueves, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Lewin por la creación del observatorio de medios Nodio, al tiempo que planteó una medida cautelar para frenar la puesta en marcha del órgano.

La presentación fue realizada ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti por considerar que se debe analizar un «posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público».

El fiscal advirtió sobre «la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales».