El Gobierno de Mendoza recibió el décimo desembolso de fondos por el proyecto de Portezuelo del Viento y con esta transferencia, de más de US$ 52 millones, la provincia acumula US$ 371, 5 millones en el fideicomiso constituido para la construcción de la central hidroeléctrica y obras anexas.
De esta forma, el Gobierno nacional transfirió los fondos correspondientes a la décima cuota del cronograma de amortizaciones fijado para la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito en el Departamento de Malargüe, cuya villa cabecera se encuentra 320 kilómetros al sur de la capital provincial.
El depósito que ingresó hoy a las arcas provinciales fue de US$ 52.759.046, de un total de algo más de U$S 1.023 millones que le corresponde recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.
El próximo vencimiento de la Letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de abril, fecha en la que se haría efectivo el segundo pago de 2022, por US$ 50,7 millones.
La central hidroeléctrica Portezuelo del Viento se construirá sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe.
La obra marcaría un hito debido a que, además de generar 3.500 puestos de trabajo y priorizar la mano de obra local, estará íntegramente en manos de la provincia, que ya imparte cursos de capacitación para pymes y trabajadores, a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.
Desde el Gobierno mendocino destacaron que el proyecto Portezuelo del Viento cuenta con estudios de impacto ambiental realizados por las universidades de La Plata, del Litoral, de Cuyo y Tecnológica Nacional, en los que se verifican que la iniciativa cumple con cuestiones ambientales, sociales y económicos y todos los reglamentos que exige el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
A pesar de los avances registrados en el último tiempo, la provincia de La Pampa objeta la construcción de la obra.
Frente a esto, gobernadores de cuatro de las cinco provincias que integran el Coirco (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y Buenos Aires) solicitaron la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado y la realización de audiencias públicas, como condición para aprobar su realización.
