La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto que propone que aquellos policías o miembros del servicio penitenciario de la provincia que hayan sido denunciados por violencia de género, no porten el arma reglamentaria fuera de su horario de trabajo.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Frente Cívico y Social Verónica Benas y busca prohibir la portación, tenencia y transporte de armas fuera del horario de trabajo a aquellos policías de la provincia sobre los que pese alguna denuncia por violencia de género.

De esta forma, con 44 votos positivos, la Cámara de Diputados dio media sanción a este proyecto que busca evitar que los efectivos ingresen a sus hogares con el arma reglamentaria.

«Este proyecto representa un resguardo a las víctimas de violencia, sobre todo en épocas en que proliferan los miembros de fuerzas de seguridad que cometen este tipo de delitos», explicó Benas en la sesión.

Además, se refirió al informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que relevó que en el año 2018 uno de cada cinco femicidios fue cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad en el país y con el arma reglamentaria.

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Al respecto, la diputada indicó que esta normativa no afecta el derecho del conjunto del personal de las fuerzas de seguridad, porque es obligatorio llevar el arma reglamentaria durante el horario de servicio, pero el traslado de la misma a la vivienda es voluntario.

«El arma que lleva el efectivo policial es el arma del Estado y tenemos que evitar que con las armas del Estado se cometan este tipo de delitos aberrantes», concluyó la legisladora.

Por su parte, el diputado Rubén Galassi pidió que el proyecto se extienda e incorpore a los efectivos del servicio penitenciario de la provincia, moción que fue aceptada por el cuerpo.

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En los primeros diez meses del año se cometieron 226 femicidios en el país. El 7% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad, de estos el 60% policía y el 25% militar retirado/pasivo, el 7,5% policía retirado y el 7,5% militar activo, según datos aportados por el observatorio de Mumalá.