Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

Tras la convocatoria a sesión especial que realizó la oposición el miércoles pasado para debatir los tarifazos, Conclusión dialogó con el legislador santafecino, Luis Contigiani, quien refirió que los diputados de la alianza gobernante, carecían «de rebeldía política frente al gobierno, no quisieron el debate y además carecen de ética política».

El ex ministro de la Producción de Santa Fe, acusó al equipo gobernante de tratar las tarifas como «variable de economía de mercado» y apunto que el oficialismo desconoce exprofeso que «el Fondo Monetario determinó que todos los países subsidian las tarifas».

Contigiani destacó la lucha de la Red nacional de Miultisectoriales contra el tarifazo y ponderó la iniciativa de esas organizaciones como expresión popular que intenta frenar los embates de una política a la que tildó como «carente de sensibilidad y fuertemente orientada a beneficiar a unos pocos».

Contigiani destacó además, que la forma de aplicar el cuadro tarifario, perjudicó a la pequeña y median empresa porque «es salvaje y le impidió a los empresarios anticiparse a un shock de aumentos que pulverizó el poder adquisitivo de los argentinos».

Según el parlamentario de Santa Fe, esta política gubernamental permitió»una transferencia de recursos del pueblo a 12 empresas, que además no dicen como utilizaron los recursos, pero también, lo que es peor sobre esto es que el Estado no se involucra», describió Contigiani.

«Hay un error estratégico de llevar la tarifa al valor de mercado, y ademas controlar la inflación, esto es contradictorio», dijo Luis Contigiani a este medio.

La nota completa.

En la sesión especial que no contó con el quorum para tratar los tarifazos, el legislador señaló que “las tarifas se han convertido en una pesadilla nacional para la mayoría de los argentinos, especialmente para los que producen y los sectores más vulnerables. La Democracia tiene que discutir este tema”.

«Ley de Ética Publica»

Por otro parte, Luis Contigiani presentó una iniciativa con carácter de proyecto y se propone modificar la ley 25.188, más conocida como “ley de ética de la función pública”.

Si la norma propuesta por el ex ministro de la Producción de Santa Fe prospera, los funcionarios del gobierno estarán en un gran problemas.

La modificación de los articulos 12º y 13º de la ley

de Y los cambios sustanciales pinchan directo dos talones de Aquiles del gobierno de Mauricio Macri: sus funcionarios involucrados en fuga de capitales hacia paraísos fiscales y el origen de otros que, ya en desempeño de un cargo público, exponen un conflicto de intereses que hasta ahora es tolerado porque la normativa no lo prohíbe ni lo sanciona.

La iniciativa pretende modificar solamente los artículos 12º y 13º de la ley vigente. La aplicación de esas modificaciones podrían acorralar a los funcionarios que no fueron elegidos por el voto popular ya que estos tendrían que incluir en su declaración jurada “sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales”, tema en boga con el que los argentinos se desayunan todos los días.

Con la reforma del artículo 13ª, se evitaría que accedan a la  se propone evitar la función pública quienes posean depósitos en moneda o títulos en bancos, financieras, fideicomisos, y otras figuras.

Hasta la fecha, se sabe que la Oficina Anticorrupción posee una nomina de 22 casos en los que se investiga la supuesta incompatibilidad de funciones de funcionarios que pasaron por el Estado durante la gestión de Maurico Macri.

Los cuestionados, fueron y son figuras de primera línea en los ministerios. El nombre del exministro de Hacienda del gobierno, Alfonso Prat‑Gay, quien además se desempeñó como director de una consultora que es asesora de empresas y el actual ministro de Energía, José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y accionista de su casa matriz Royal Dutch Shell.

De más reciente resonancia, se puede incluir el secretario de Coordinación en la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, firma del mercado farmaceutico que participo de la compra de empresa que compró dólares a futuro en el Mercado a Término de Rosario (Rofex), mientras ocupaba un puesto en el ejecutivo.

También suenan los nombres de los responsables de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y María Talerico, apuntados por realizar asesoramientos jurídicos a empresas acusadas de lavado de dinero.

En una charla con este medio, Luis Contigiani, participó su mirada de cual sería el resultado si en Argntina tuviera en vigencia una ley como la que presentó.