Por Aldo Battisacco -Enviado especial a Buenos Aires
El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, expresó desde el momento mismo del anuncio de la expropiación de Vicentin, que la decisión del presidente Alberto Fernández era atinada y diferenció la postura gubernamental, de las irregularidades en las que había incurrido la empresa respecto de los créditos y de los delitos de «fraude y estafa», que le ocasionó a distintas entidades financieras públicas.
En relación a que visualizó Lozano acerca de la empresa Vicentin, dijo que se trata de una firma que escaló posiciones demostrando un desarrollo «exponencial de manera significativa», y en especial en los últimos 4 años durante la administración Macri.
Esta característica -describió Lozano- «se apuntaló en la toma de créditos de la banca pública con múltiples irregularidades, y donde un grupo empresario que realizó maniobras sumamente extrañas -en relación con sus subsidiarias de otros países y con empresas offshore en Panamá- llevó adelante un proceso de derivación de recursos en el exterior, que terminó produciendo una estafa generalizada».
En otro tramo de la nota, el director del Banco Nación, dio precisiones sobre quienes fueron los perjudicados, en el marco de un contexto de estafa. Son los trabajadores, productores, empresas el sector privado y estatal y de cómo la empresa corre serio peligro «de ser absorbida por el capital extranjero». De allí la necesidad del Gobierno de expropiar e intervenir.
Respecto de la iniciativa del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que propone rescatar Vicentin para que sea una «compañía mixta», ya que consideró que es «lo suficientemente sólida para volver a poner en marcha», no obstante, cabe recordar que el Lorenzini se rehusó a avalar la intervención propuesta por el mandatario santafesino y ratificó a los herederos de la empresa que seguirán a cargo del holding.
De allí que Lozano haya sido categórico a la hora de afirmar que el «concurso de Vicentin está muy peleado como para que el Estado tenga el control», en función de la cantidad de actores que intervienen, hecho que abona la intención de que el gobierno nacional debe proceder a la expropiación.
«Estamos ante un grupo empresarios que es sinónimo de saqueo a los argentinos, es un símbolo de cosas que nos pasan muy seguido», manifestó Lozano. «Esta en juego la posibilidad de transformar este fraude en una conformación de parte del Estado argentino en una empresa pública, asociada a cooperativas agropecuarias, con un papel relevante en el comercio del país para conseguir dólares.
«¿Seremos capaces de convertir una estafa en una herramienta para controlar el comercio internacional?», preguntó
