Un grupo de personas se reunieron en la plaza de la Cooperación convocados por la Federación de Inquilinos, la Concejalía Popular y acompañados por algunos diputados provinciales, con el fin de visibilizar un reclamo que afecta ala sociedad en su conjunto: la aplicación de los artículos de la ley nacional de Alquileres y la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia que congela los precios de los contratos de alquiler.

Este DNU estableció que, durante la pandemia, los valores de los alquileres no debían ser modificados y extendía los plazos de los contratos de dichos acuerdos.

En relación a esta cuestión, el referente de Inquilinos a nivel nacional, Nire Roldán, explicó que alrededor de «nueve millones de inquilinos en la República Argentina están hoy angustiados, preocupados porque había un DNU que era un manto protector, una defensa de sus derechos».

«Como el valor, los congelamientos de precio, la renovación o la extensión automática del contrato de alquiler lo cual era una ventaja muy importante, tensiones vinculadas a los desalojos. Todo eso son cuestiones que en el marco del DNU 320 y en un año muy positivo para millones de inquilinos porque salió la ley nacional de Alquileres. Yo diría que estábamos en una situación de equilibrio en el marco de una crisis muy profunda que estamos viviendo todos», detalló a Conclusión.

Además agregó que el planteo realizado en la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat, fueron cinco puntos que deberían considerarse de manera urgente: «La prórroga de ese DNU mientras dure la pandemia, el tratamiento directo del endeudamiento de los inquilinos, evitar los desalojos, garantizar que se pongan en marcha todas las vigencias de la ley nacional de Alquileres y el correcto funcionamiento del programa de alquiler social».

Por su parte, la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, Damarís Pachiotti, dijo que resulta «indispensable defender en la calle la prórroga del decreto en un contexto muy complejo donde el escenario de falta de trabajo y todo lo que implica la vida cotidiana se eleva cada vez más».

También invitó a las organizaciones de Inquilinos a participar de la reunión de la comisión para aunar fuerzas en este reclamo. «Invitamos a todas las asociaciones de inquilinos en el marco de la comisión de vivienda y urbanismo de la cámara de diputados de la provincia, para pedir por la prórroga de este decreto y para que podamos ir implementando cada una de esas disposiciones. Es importante que el Estado intervenga», declaró.

La diputada provincial por el Frente Progresista, Lionella Cattallini, expresó que esta problemática «es un tema central de la agenda pública. Es un tema que el gobierno nacional tiene que tomar una decisión. Se vence el plazo que limita el tope de los calores de los alquileres».

«El tema del hábitat es un tema complejo en la Argentina. Urge tomar decisiones sobre este tema, sumado a que estamos en pandemia y en ese sentido más porque la gente la está pasando mal. La crisis está haciendo estragos. Hay que hacer cumplir la ley nacional de Alquileres pero por sobre todo tener gestos concretos para la población en general en plena pandemia», añadió la diputada.

Otro de los diputados que participó de la protesta fue Carlos Del Frade. El también periodista argumentó que este problema tiene que ver con la «desigualdad y lavado de dinero. La cifra es contradictoria en Rosario. Tenés 60 mil personas que viven en lugar de hacinamiento y tenés 80 mil departamentos vacíos, muchos de los cuales son nuevos, o sea, que no se hicieron para que la gente viva, sino que se hicieron para lavar dinero o para la especulación financiera».

Del Frade agregó el dato que emitiera el Colegio de Corredores Inmobiliarios hace algunos años, donde argumentaba que en la provincia «existen 150 inmobiliarias truchas. Tenemos un problema de lavado de dinero muy grande, además de los abusos que tienen muchos propietarios».

«Es una cuestión de regulación, para que se cumpla el derecho constitucional del acceso a la vivienda y por el otro lado el boom inmobiliario salta exactamente cuándo comienza el desarrollo del narcotráfico de Rosario», menciono el periodista.

Y concluyó haciendo alusión a los difícil del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. «La pibada es la que sufre el mayor grado de desocupación y además son los más precarizados a la hora de alquilar. Es indispensable que el estado regule a favor de la gente y no a favor de la gente que concentra viviendas en pocas manos», apuntó Del Frade.