Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público recibió este jueves a cinco fiscales, antes de escuchar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien fue citada para la semana próxima en medio de acusaciones por las designaciones y traslados irregulares.
La reunión comenzó con la exposición del fiscal Carlos Rívolo, que se refirió al traslado de cuatro fiscales a las localidades de Goya, Tartagal, Santiago del Estero y General Pico, cuando “no existía condición presupuestaria” para, en la práctica, crear los juzgados. En ese sentido, enumeró casos de designaciones de funcionarios a fiscalías sin asientos físicos.
“Los concursos se desarrollaban mediante la ley, pero eran concursos para una jurisdicción que no estaba habilitada”, completó al ser consultado luego por la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro).
Vista trasera del edificio del Congreso desde calle Combate de los Pozos
El fiscal Rívolo se preguntó acerca del desempeño de Alejandra Gils Carbó: “¿Si la designación de un juez, de un defensor o de un fiscal es un acto complejo constitucional, en el cual interviene el acuerdo del Senado de la Nación, y el Poder Ejecutivo que nos asigna como un acto administrativo, puede pasar por encima de estas cuestiones y designar fiscales, además, en cargos que están inactivos?”.
“Nos consta que hay casi 1.500 personas incorporadas durante esta gestión sin respetar el principio de oportunidad”, subrayó.
Y se dirigió los legisladores presentes diciendo: “Son ustedes los que nos empoderan, son ustedes los que nos dicen donde tenemos que hacer la función”, y afirmó que “hay una gran frustración de los que concursan y que definitivamente ven burladas sus expectativas”.
También se refirió al manejo de los recursos humanos y denunció que el personal administrativo de las fiscalías, en varias oportunidades, “entraba antes que se asigne al fiscal”, en “una forma de saltear el proceso de ingreso democrático e igualitaria que nosotros respetamos”.
A su turno, el fiscal Guillermo Marijuan relató su desplazamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) en 2014, un cargo que ocupaba desde 2002 y en el cual fue reemplazado por fiscales vinculados al kirchnerismo.
“No se me expresaron los motivos por los cuales se me desplazaba”, relató a los presentes..
“Nosotros no estábamos subrogando a nadie porque en esas fiscalías nunca había habido un fiscal titular”, dijo.
Posteriormente aludió a la creación de nuevas unidades fiscales en las que “se pusieron a cargo de personas que iban directamente a una unidad fiscal y no los ponían en las fiscalías por las que el Senado las habían designado”.
Todo comenzó a finales de marzo cuando a través de una nota -seis legisladores de Cambiemos- le habían hecho llegar a la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, la intención de activar la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público y que convoque a Gils Carbó.
Entre los asistentes estuvo un ex funcionario de la Procuración, Luis Santiago González Warcalde y representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que ya interpusieron demandas judiciales por ese tema.
La invitación además fue extensiva al fiscal Germán Moldes y a Raúl Pleé, quien con la asunción de Gils Carbó fue desplazado de la entonces flamante PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), de escasa participación en el maco de la Bicameral.
Guillermo Marijuan,quien fue el más demandado para aclarar alguna de sus exposiciones fue quien imputó a Cristina Kirchner por lavado de dinero y José María Campagnoli, propuesto como procurador por Elisa Carrió.
Los fiscales Carlos Rívolo y Guillermo Marijuan, cuestionaron la decisión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de designar fiscales en cargos inactivos porque se trataba de juzgados que no se habían creado «por falta de presupuesto».
