La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionó tan solo dos veces en lo que va del año. Está paralizada hace prácticamente cinco meses. No votó ni una ley en los últimos 150 días. Cada uno de los 92 diputados bonaerenses le cuesta al Estado 53 millones de pesos -promedio- sobre un del total de $4900 millones aprobados en el presupuesto para 2019. La poca productividad tiene demorados cientos de proyectos.
Hay debates de envergadura que esperan, como la reforma del Código Procesal Penal, cuyo objetivo declarado es empoderar a las víctimas. El proyecto redactado por impulso del Poder Ejecutivo podría perder estado parlamentario en marzo.
Difícilmente se debata luego del recambio legislativo, cuando el cuerpo se apresure a votar el presupuesto y la Ley Impositiva. El cuerpo dejó de sesionar con regularidad tras la denuncia que involucró a su presidente, Manuel Mosca, acusado de abuso sexual.
Y definitivamente dejó de sesionar el 9 de mayo, a la espera de los próximos comicios. «Hace ya tanto tiempo que no hay sesión; no recordamos cuándo fue la última», dijeron en uno de los despachos de la Secretaría Legislativa. Los diarios de sesiones solo registran dos encuentros para sesionar en este año: uno en mayo y otro en marzo, además de la Asamblea Legislativa.
La Cámara baja se reunió el 21 de marzo pasado para conmemorar el Golpe del Estado del 24 de marzo de 1976 -en un acto simbólico en el que no se debatieron proyectos- y antes sesionó el 7 de marzo.
El presidente del cuerpo, Manuel Mosca (Juntos por el Cambio) fue denunciado por abuso sexual en abril ante la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la última sesión Mosca pidió una licencia por 60 días. El 14 de mayo se presentó una segunda denuncia en su contra.
Mientras la conducta de Mosca se dirime en la justicia, su licencia caducó hace dos meses. Así y todo, la actividad legislativa no se retomó.
El legislador volvió a tomar posesión de la Presidencia hasta tanto el cuerpo vuelva a sesionar y se apruebe una prórroga de su licencia. En el oficialismo no hay interés en que se recuerde la situación del presidente del cuerpo, esposo de la senadora nacional macrista Gladys González. Pero tampoco quiere sesionar bajo la conducción de la vicepresidenta, la diputada peronista Marisol Merquel.
Crisis en el bloque de Cambiemos
Mosca y Merquel no respondieron los llamados de LA NACION. Un funcionario de la Cámara de Diputados aseguró, en tanto, que no se cita a sesiones porque tras las PASO hubo una salida de 10 diputados de Cambiemos hacia otros partidos.
«Es complicado llamar a sesión ahora por una cuestión política. Quedarían expuestas las fracturas internas de Cambiemos. Seguro hay sesión luego de los comicios», se afirmó en un despacho oficial.
La parálisis del cuerpo es abrumadora si se compara con los gastos: los 92 diputados insumen una erogación promedio de 4,4 millones de pesos por mes, o de 53 millones de pesos anuales.
Claro que no todos los legisladores son iguales ante su propia ley: el presidente tiene más recursos a su disposición en comisión y gastos de representación que el resto de los integrantes de la cámara baja. La información sobre la distribución de esos recursos sigue siendo discrecional y confidencial: no hay datos disponibles en el sitio oficial sobre los sueldos de los legisladores, sus gastos de función o los módulos (contratos) que reparte cada uno. Solo es posible acceder a las nóminas de becas y subsidios. Estos tampoco se identifican según los montos otorgados.
Los 92 diputados que asumieron en 2017 tan solo se sentaron en sus bancas en 15 sesiones en la suma de los dos últimos años. Este período es récord de inactividad, con solo dos sesiones. «Ya no me acuerdo cuando fue la última sesión», dijo a LA NACION un funcionario de la secretaria Legislativa, que pidió reservar su identidad.
Los datos son llamativos si se comparan con las 43 sesiones, por ejemplo, de 1984. Ese fue el año más productivo desde el regreso de la democracia.
