Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

El presidente del Interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, tuvo un encendida y certera apreciación del porque de la necesidad de crear un fondo para pagarle al FMI, sostuvo en su intervención en el recinto, en la que no ahorro criticas al ex presidente Mauricio Macri: «¿De dónde quieren que se saque para pagar la deuda que nos dejaron, de los discapacitados, de los planes sociales o quieren que le saquemos plata a los jubilados? Acá traemos la idea de un fondo y que aporten quienes tienen bienes no declarados en el exterior».

«El endeudamiento de casi el 90% del PBI no se arregla con discursos. Ningún país aguanta esa política de especulación y usura. Este proyecto puede tener errores, pero la deuda no va a ser pagada por quienes no deben», increpó Mayans.

El formoseño subrayó el sentido de la iniciativa al referir a Conclusión que «el FMI prestó 45 mil millones de dólares a Argentina, que fueron prestado s para pagar la usura, el tema es quienes pagan, si lo hacen los trabajadores, el docente, los jubilados o los industriales. Se trata de fuga y evasión. Este proyecto ofrece la alternativa para que aquellos que la fugaron y evadieron, contribuyan en dólares y paguen, ¿porque motivo los argentinos tienen que pagar durante diez años la fiesta de otros».

El proyecto sobre capital fugado permitirá cobrar «un impuesto a la evasión»

El mes pasado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner calificó de «ilegal» el otorgamiento del préstamo stand-by de alrededor de 44 mil millones de dólares a la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que «resulta raro que ningún juez haya advertido ninguna irregularidad ni ilegalidad», al cuestionar el accionar del Poder Judicial en la apertura de la sesión plenaria de EuroLat 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Se calcula que hay fuera del país entre 350.000 millones y 400.000 millones de dólares sin declarar y los que atacan el proyecto defienden evasores

El proyecto fue presentado en el Senado, con el apoyo del Gobierno, e incluyó un pedido de colaboración a Estados Unidos por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Washington brinde información sobre evasión fiscal.

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