Los accionistas de la empresa agroindustrial Vicentin anunciaron esta tarde que se contactaron con los interventores designados en la compañía con el fin de «preservar la paz social».

Tras las protestas contra la decisión del Gobierno nacional realizadas el martes en las ciudades de Reconquista y Avellaneda, los dueños de la compañía hicieron un llamado a la calma.

«La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención», dijeron en un comunicado.

Aseguraron buscar que «con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta».

En tanto, el presidente Alberto Fernández remarcó que la decisión de intervenir Vicentin tiene el objetivo de “rescatar una empresa muy importante” porque él “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae” y, en ese sentido, sumó el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.

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Además de las definiciones de Fernández sobre la intervención de Vicentin y el apoyo de los trabajadores, también se confirmó que el Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera.

“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 durante la mañana de este miércoles.

Agregó que no se «podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el Gobierno busca rescatar la empresa cerealera.

“Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”, enfatizó y dejó claro: «No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”.

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Por otro lado, el mandatario contó que este martes mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin», a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era «preservar la empresa en manos argentinas».

A diferencia de las manifestaciones en contra de la expropiación, el integrante de la Comisión Interna de Vicentin y de la conducción del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, Leandro ‘Peky’ Monzón, aseguró sentir “alegría” tras haber escuchado del lresidente “que van a continuar las fuentes laborales” y que “se pare un poco la incertidumbre” en torno a la empresa.

El dirigente contó que la empresa adeuda el bono de fin de año de 53 mil pesos y no cumplió con los acuerdos salariales de 2020 y precisó que el conflicto por salarios incluye “el aumento que salió a partir del 1 de mayo, la gratificación de fin de año y el retroactivo de abril a enero”.

Por su parte, el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, manifestó que la decisión del Gobierno generó “tranquilidad” en los trabajadores, que en los dos últimos años vivieron “mucha incertidumbre” en el proceso que llevó al concurso de acreedores de la empresa.

Sobre la actualidad de Vicentin, Alfonso señaló que la compañía «no está activa como antes y desde hace un tiempo se trabaja a un 30%«.

En el ámbito judicial, la fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación a raíz de la deuda de 18.500 millones de pesos de Vicentin con el Banco Nación recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde esa entidad.

En la pesquisa está imputado el último titular del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.