«Nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la provincia de Santa Fe, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso». Con estas palabras, Miguel Lifschitz dejó sentada su postura política en relación al decreto 956/2018, firmado por Patricia Bullrich, que habilita a las fuerzas federales a usar armas letales en caso de que «resulten ineficaces otros medios no violentos».
Así, el gobernador santafesino, en su paso por el programa «Los días contados», descartó la posibilidad de adherir a la norma tal como había solicitado la ministra de Seguridad de la Nación.
El decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, habilita a las fuerzas federales a abrir fuego en «caso de presunción de un peligro inminente», incluso cuando esa persona se encuentre en situación de fuga.
El gobernador remarcó que «no está prevista ninguna alteración respecto del accionar policial» y enfatizó: «Nuestra exigencia respecto a la policía es que actúe con firmeza, en el marco de la ley y de las normas vigentes y ninguna otra cosa adicional».
Magistrados en contra
Desde el Colegio de Magistrados de Rosario también salieron al cruce de la norma, que ya fue declarada inconstitucional por un juez de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente de la entidad, Gustavo Salvador, calificó al decreto como «preocupante y peligroso». En declaraciones a la prensa Salvador manifestó: «La situación es conflictiva. Hay un reclamo social que no puede desconocerse en cuanto a la inseguridad. Pero de ahí a reglamentar un protocolo en donde se especifica con mayor puntillosidad situaciones que ya están abordadas en el Código Penal, realmente es preocupante».
Salvador explicó que el decreto «deja la posibilidad de librar al criterio discrecional de la policía el uso de un arma de fuego para repeler la posible comisión de un delito y que eso implica el cumplimiento del deber». En ese sentido, el magistrado señaló que con las normas que ya están vigentes en el Código Penal, que detallan las causales de justificación como legítima defensa, estado de necesidad o la posibilidad del cumplimiento del deber, esa situación ya está contemplada. «Avanzar hacia una posibilidad de respuesta con arma de fuego es peligroso en cuanto al mensaje que se quiere significar».
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Además, el presidente del Colegio de Magistrados declaró que esa reglamentación «no está por encima de una ley sancionada por el congreso que ya regula esas situaciones».
Inconstitucionalidad y Violencia
Otra voz que se alzó en contra del decreto 956/2018 fue la de la titular del Servicio Público de la Defensa, Jaquelina Balangione, quien señaló que es «inconstitucional» y que sólo traerá más violencia.
«Es una normativa muy peligrosa e innecesaria» disparó Balangione en entrevista radial. Además, remarcó el mensaje comunicativo del decreto, ya que «le dice a la policía dale, levantemos la barrera». Además, la defensora pública enfatizó que Bullrich «no puede decir que los policías que disparen no van a ser juzgados». «Eso lo van a decidir los jueces. Vivimos en un estado de derecho donde los que deciden son los jueces».
«Si damos bandera libre a los policías y queda solamente a su criterio si dispara o no pero avalado por una norma que le dice ‘ante la duda podés disparar’, no estamos solucionando nada porque esto va a traer más violencia, más enfrentamientos con la policía y mayor cantidad de casos de abuso policial, que son muchísimos», cerró Balangione.
