Por Carina Kolonisky – Desde Santa Fe

Los diputados santafesinos Rubén Giustiniani, Silvia Ausburguer y Claudio Fabián Palo Oliver consideran que el aumento en la tarifa de agua es arbitrario e injusto ya que no fueron celebradas las audiencias públicas a tal efecto.

Así lo expusieron a través de una iniciativa presentada en la Cámara baja, en la cual se pretende que previo al aumento se lleve adelante la participación de los ciudadanos mediante audiencias públicas.

Entre sus consideraciones destacan que “este aumento que se aplicará en dos tramos: un 10% en la facturación del 4º bimestre de 2017 y el 10% restante en la facturación del 5º bimestre, se suma a los ajustes del primer semestre, que fueron del 40,8%: en el 2º bimestre fue del 28% y en el tercer bimestre se abonó un 10% adicional. De esta forma, el porcentaje acumulado de incremento que abonarán los clientes de ASSA en este 2017 será del 70,3%».

Según los legisladores, los porcentajes de aumentos establecidos por ASSA son “exagerados e injustos”, ya que «no se condicen ni con los incrementos salariales ni con la inflación y, por ende, no corresponde su traslado a los usuarios», fundamentaron los diputados Giustiniani y Augsburguer (IP) y Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCS).

Además, aducen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la “audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifa, previendo la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información”. Así, el máximo tribunal señaló que “todos los usuarios tienen derecho a recibir de parte del Estado información adecuada, veraz e imparcial en forma previa a la realización de las audiencias”.

“El aumento solicitado por ASSA fue avalado por el Poder Ejecutivo Provincial sin la participación de usuarios”, sentencian los legisladores. Y agregaron: “Por este motivo es que solicitamos se deje sin efecto el aumento en tanto no se convoque a audiencias públicas en las cuales los usuarios puedan ejercer sus derechos constitucionales. El no acatamiento de las condiciones impuestas por la Corte torna ilegítimo e inconstitucional los aumentos tarifarios habilitados”.