Legisladores de Juntos por el Cambio sostienen que los bloqueos a empresas son delitos penales
El proyecto de la diputada Rodríguez Machado cuenta con el acompañamiento desus pares: Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, , Gabriel Chumpitaz, José Nuñez, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro y otros
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, junto a otros catorce legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un Proyecto de Ley mediante el cual se sanciona con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Asimismo, quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.
La extorsión, argumentando motivos sindicales, se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional. En este último tiempo, fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express. Por este motivo, a diferencia de otras iniciativas presentadas en el mismo sentido, en la presente se solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada.
Entre los fundamentos, la legisladora cordobesa expresa que «el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos».
Por su lado el senador Alfredo Cornejo, sostuvo a Conclusión que «el Código Penal es para ser respetado por el ciento por ciento de los argentinos y es una ley de fondo que regula la convivencia entre los argentinos y solo el Congreso tiene facultad para modificarla».
«Los procedimientos al interior de cada provincia y cada espacio, son los códigos de procedimientos de las provincias, pero no hay que caer en ninguna tentación de querer prohibir las manifestaciones, eso es legítima democracia y principios elementales de libertad individual y colectiva», manidefsto el exgobernador de Mendoza.
Cornejo explicó que el cree que las manifestaciones «no pueden perjudicar derechos de terceros que quieren trabajar, circular o ingresar a los establecimientos a trabajar esto hay que preservarlos, y hay mecanismos en la actualidad para poder sostenerlos».
En tanto que el proyecto de los diputados de Juntos por el Cambio, contempla que «los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada».
Es decir, a través de la intimidación, «impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo».