El procurador General interino, Eduardo Casal, le abrió un sumario administrativo por supuesto maltrato laboral a la fiscal en lo Comercial, Gabriela Boquín, que interviene en el concurso del Correo Argentino S.A. y denunció su vaciamiento por parte del grupo Macri.
La decisión de Casal, que trascendió este viernes, está fechada el 29 de julio, un día después de que el procurador general interino le reclamara a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal un plazo mayor para poder responder a los pedidos de información formulados por distintos legisladores.
La fiscal Gabriela Boquín denunció desvíos irregulares y un “vaciamiento progresivo” en el Correo Argentino en abril de 2019. La deuda que la Familia Macri mantiene con el Estado Nacional asciende a 300 millones de pesos como monto básico.
La apertura del sumario se dio en el marco de un expediente iniciado a partir de una denuncia formulada ante la Procuración General de la Nación, y presentada por una agente que prestaba servicios como oficial mayor en la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a cargo de Boquín, a la que luego se sumaron otras.
“Luego de analizar las manifestaciones de los agentes cuyo testimonio se recogió y los diferentes legajos que se incorporaron, frente a las explicaciones brindadas y la prueba aportada por la fiscal general Gabriela Boquín, considero, de acuerdo con el dictamen que en forma unánime emitió el Consejo Evaluador, a cuyo contenido me remito por razones de brevedad, que se deberá iniciar un sumario administrativo”, sostuvo Casal en la resolución.
El objeto del sumario “deberá estar orientado a establecer si los hechos relatados” ocurrieron “del modo en que fueron descriptos y eventualmente si sucedieron otros del mismo tenor cuya ocurrencia pudiera surgir de la prueba que se produzca y, en su caso, determinar si tienen entidad para configurar un reproche disciplinario”, sostuvo Casal.
En ese marco, el procurador interino remarcó que “el instructor deberá prestar especial atención al desempeño de la fiscal general en aras de efectuar una distinción entre aquellos rasgos de la personalidad en su rol de jefa de una oficina que pueden obedecer a un carácter severo, de situaciones que pudieran encuadrarse en una inconducta o maltrato hacia el personal”.
Finalmente, Casal designó al magistrado del Ministerio Público Fiscal Fabián Roberto Enrique Celiz para que actué como instructor del sumario y le encomendó producir el informe final en un plazo no mayor a sesenta (60) días.
La decisión de Casal generó malestar entre funcionarias judiciales que la interpretaron como una represalia por el papel de Boquín en el concurso del Correo Argentino –fue quien denunció que el gobierno de Mauricio Macri estaba cerrar con la empresa un acuerdo “abusivo” para las arcas del Estado- y como un intento de respuesta del procurador interino a las críticas que le llegaron del Congreso.
El colectivo de Mujeres del Derecho calificó la apertura del sumario administrativo como una “infame persecución” de Casal a Boquín a la vez que lo definió como un “indiscutible acto de violencia de género” contra la fiscal.
Desde la agrupación Justicia Legítima señalaron que Boquín fue notificada de la apertura del sumario por vía virtual en horas de la madrugada del jueves lo que definieron como una “actitud impropia de las instituciones de una Democracia” al tiempo que se solidarizaron con la magistrada a la que señalaron como víctima de una persecución.
En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) repudiaron la “avanzada” de Casal “contra” Boquín y lo vincularon a la presentación del proyecto legislativo para de reforma judicial, ocurrida el miércoles pasado.
El año pasado, Boquín había constatado que existieron desvíos por 35 millones de pesos a consultoras y estudios jurídicos vinculados a funcionarios de la alianza Cambiemos, a pesar de no tener actividad comercial. En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó anular la causa, un pedido que había sido realizado por el mismísimo Macri 2por inexistencia de delito», en una resolución contundente.
Cabe recordar que Macri había instruído a Oscar Aguad –por entonces titular del Ente Regulador de Telecomunicaciones (Enacom)- a que vuelva a “foja cero” el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri.
En esa oportunidad, Macri inmortalizó una de las tantas frases que marcaron la gestión de Cambiemos. Dijo “acá no pasó nada”.
