Primer paso. En la Cámara de Diputados de Santa Fe se aprobó este jueves un proyecto para que las personas damnificadas por el incendio ocurrido en Laprida 972 de Rosario sean eximidas del pago de impuestos y servicios provinciales hasta que se determine la habitabilidad del edificio. Ahora la última palabra la tiene Senadores.
Por iniciativa de los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), en conjunto con Sergio Más Varela (Cambiemos), se aprobó el proyecto que plantea eximir del “pago de tributos, tasas retributivas de servicios y contribuciones provinciales”.
Esto abarca el período comprendido desde el mes de febrero de 2016 hasta que la repartición competente de la Municipalidad de Rosario determine su habitabilidad. Además, autoriza al Ejecutivo a “disponer las acciones necesarias a fin de suspender los cobros de facturas de la EPE y Aguas Santafesinas”.
«En un caso grave y excepcional como éste, en donde 30 familias perdieron en un instante su vivienda, consideramos que la provincia debe brindar a estas personas asistencia y acompañamiento frente a un hecho que tiene responsables en distintos niveles que deberán ser condenados por ello judicialmente», expresó Giustiniani.
El legislador terminó diciendo que «la reparación del inmueble requiere de una inversión millonaria, que sus habitantes estiman en 10 millones de pesos incluyendo solamente tareas imprescindibles para asegurar la estructura”.
Sobre el siniestro
El día 3 de febrero de 2016 se produjo un incendio en el edificio ubicado en Laprida 972, por el que fallecieron dos personas y una treintena debieron ser atendidas por cuadros de asfixia de variada gravedad.
Las pérdidas materiales fueron muy grandes, y al evaluar las consecuencias del incendio se determinó la inhabitabilidad por peligro de derrumbe debido a los severos daños estructurales causados.
A esto se sumó la comprobación de que la administradora del edificio no había formalizado y abonado la póliza de seguro contra incendios y que también se adeudaban pagos a la portera por aportes patronales. A partir de ese momento, treinta familias quedaron sin vivienda y con escasos recursos, al tener que afrontar por sí mismos todos los daños del siniestro.
