La Universidad Madres de Plaza de Mayo va a la Justicia para reclamar el envío de fondos del Estado
La medida está dirigida contra el Ministerio de Capital Humano y reclama "que se ordene el cese automático de la retención, en concepto de fondos".
La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) reclamó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que el Gobierno le transfiera los fondos establecidos por ley para su funcionamiento. Lo hizo mediante una «medida autosatisfactiva» contra «la ilegítima retención de los fondos que le corresponden y que figuran en el presupuesto nacional».
La acción judicial quedó radicada ante el juzgado número 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, registrada bajo el número 6293/2024.
«La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional en retener los fondos legítimamente asignados es de un precedente histórico que no solo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación», sostuvo la rectora de la UNMa, la ex fiscal y ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
La medida está dirigida contra el Ministerio de Capital Humano y reclama «que se ordene el cese automático de la retención, en concepto de fondos, discriminados e indiscriminados».
La UNMa no ha recibido del presupuesto que le fuera asignado ningún ingreso en lo que va del año, lo que –según el amparo- «sin dudas refleja la discriminación de la que es objeto por parte de un Gobierno Nacional negacionista».
«El retraso en el pago de haberes, infraestructura educativa deficiente y falta de insumos, han provocado la emergencia educativa y la proximidad de prolongadas medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios, en reclamo por mejoras salariales como edilicias», advierte el texto.
Las autoridades de la Universidad denunciaron que el personal lleva cuatro meses sin percibir sus salarios.
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El texto consigna que «en la actualidad, hay 2245 estudiantes activos, que al momento de la presentación de esta demanda ya han iniciado el ciclo lectivo».
Además, «un total de 287 personas que revisten funciones como trabajadores docentes y no docentes, a partir de la emisión del acto inconstitucional dictado por el Ministerio de Capital Humano, no han podido percibir su salario en todo lo que va del año 2024».