La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), afirmó al abrir el debate en la sesión de la Cámara alta que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.
La congresista subrayó que “hoy es un día de esperanza” ya que el debate sobre el aborto coincide con el del Programa de los Mil Días y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19. “Los tres son para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, resaltó.
La senadora pampeana señaló ante sus pares que “una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y personas con capacidad de gestar”, al tiempo que ocupa la banca “en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”.
En el mismo sentido, recordó y advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias», y remarcó que tampoco lo hacen «con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.
Durango, enfatizó que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, y apuntó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”.
“Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, preguntó, y procedió a dar detalles de los puntos principales del proyecto.
Además, adelantó que el Poder Ejecutivo Nacional aplicará un veto parcial a la ley, quitando el concepto de “integral” vinculado a la salud.
La senadora dijo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”, y agregó que a la mujer “nunca se la pone tan en el centro de la escena como en este tema”.
“Dejemos de ser hipócritas: dejemos que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas”, enfatizó y recalcó que la maternidad debe ser “un derecho y no una obligación”.
Entre los argumentos a favor de la aprobación de la ley, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.
Finalmente, la congresista señaló que “la ley no obliga a nadie a abortar, lo que habilita es una práctica segura”.
