Por Marcelo Chibotta

La quita de subsidios a más de 70.000 personas con discapacidad por parte del gobierno nacional, generó reacciones negativas por parte de la comunidad. Individuos, instituciones y dirigentes de todo el arco político se mostraron cuanto menos sorprendidos y consternados por la medida que no sabe de argumentos razonables.

Por tal cuestión, Conclusión conversó con Facundo Vidal Valls, quien se desempeña en el área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de Rosario y manifestó: “Es realmente sorprendente porque han cortado un beneficio muy importante para un sector de la sociedad que realmente no tiene otro medio para poder hacer frente a las obligaciones diarias de la vida”.

Enseguida, Vidal Valls agregó que “le han quitado la pensión que muchas veces es su única fuente de ingreso” más allá «de algún otro que suele ser muy pequeño y que no alcanza para llegar a fin de mes”.

En referencia a las respuestas ensayadas por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, Valls subrayó: “Son todas cuestiones que no comparto. Técnicamente se basan en la interpretación taxativa de un decreto del año 1997 que dice que la pensión por incapacidad laborativa consta de requisitos, cuyos dos más importantes son los de tener un 76% de incapacidad laborativa y no tener familiares que perciban una jubilación, una pensión o algún otro ingreso”.

“Estos son los puntos básicos de este decreto – detalló Vidal Valls – y a partir de ello los problemas que más recibimos es que por ejemplo hay un cónyuge que está percibiendo una jubilación mínima y el otro percibía una pensión no contributiva. El problema es que entre los dos beneficios no alcanzan para llevar adelante una vida digna”.

Consultado por este medio al respecto de si había reclamos anteriores a los expuestos en estos días, el abogado encargado del área de Discapacidad de la Defensoría expuso que “estos reclamos fueron tratados en la propia Defensoría y se les fue dando curso”.

“Todavía no tenemos conocimiento que hayan sido retribuidos, en lo que va del año solo en Rosario llegamos a 200 casos, pero desde estos días llegaron las quejas con más frecuencia porque la gente tomó conocimiento del derecho que tiene que a mi entender es un derecho adquirido”, expuso.

– Pero según el decreto del año ‘97, ¿no sería legal la quita de la pensión?

– A mi entender no. No es legal porque después del año 97 nuestro país adhiere a la convención internacional de derecho a las personas con discapacidad, que precisamente tutela lo contrario,  es decir la inclusión de las personas con incapacidad y el otorgamiento de este tipo de beneficios por la discapacidad y no por una incapacidad laborativa. Y menos que se mida por un porcentaje; esa convención le da jerarquía constitucional y además entiendo que al ser un derecho adquirido lo que debía hacerse era examinar cada caso en particular.

– ¿Se puede determinar un porcentaje de las personas que tiene el beneficio y la condición social que tienen?

– No, pero la inmensa mayoría lo necesita para por lo menos tener una vida digna.

– Aquellos que necesiten asesoramiento, ¿cuándo y cómo pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo?

– Nos encuentran en Tucumán 1681 de 8 a 18, ahí les tomamos el reclamo y nos ocupamos por ser algo de vital interés. Estamos trabajando muy firme en este tema  y queremos que se restituyan las pensiones que retiraron.