Las bancadas que lideran los diputados Sergio Massa y Diego Bossio lograron que el oficialismo acepte la introducción de seis modificaciones al proyecto de ley del gobierno de Mauricio Macri que habilita el pago a los fondos buitre, a cambio de su apoyo en la sesión especial de hoy.

El proyecto mediante el cual se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, se fija la oferta de pago a los holdouts y fondos buitre y se autoriza al Estado a emitir títulos públicos por hasta alrededor de 12 mil millones de dólares, sufrió las siguientes modificaciones antes de ser aprobado y girado al Senado:

– El proyecto original reactivaba la comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública —que no estaba funcionando— y obligaba al Gobierno a enviar un informe semestral sobre el pasivo del Estado. La oposición consiguió que en el proyecto se amplíen las facultades de esa comisión y se acorte a la mitad la frecuencia del informe del Ejecutivo, que será trimestral.

– Se corrigió la redacción del texto (el artículo 5 del proyecto gubernamental pasará al artículo 2) para establecer que no se pagará a los buitres, si los tribunales neoyorquinos no levantan los embargos contra la Argentina.

– Por otra parte, se estableció que los acreedores que firmen los acuerdos y cobren el dinero en efectivo —por ejemplo, el fondo NML, que representa Paul Singer— no podrán presentar demandas futuras.

– Se estableció un tope del 0,2 por ciento en las comisiones para los bancos que operan los pagos de esta deuda. Este límite no existía antes. En los canjes efectuados durante los últimos años la comisión que pagó el Estado fue del 0,5 por ciento.

– Se fijó un tope de 12 mil millones de pesos para el endeudamiento destinado al pago de la deuda con los holdouts y se estableció que si de esos 12 mil millones autorizados hay una parte que no se utilice para estas operaciones, el destino de ese endeudamiento —por ejemplo, para obras de infraestructura— se deberá discutir en el Congreso.

– Para cubrir al país frente a posibles nuevas demandas, se incluyeron las denominadas «cláusulas de acción colectiva» en los bonos de la nueva deuda que contraerá el Estado para pagarles a los buitres. Esto significa que si el Estado entra o está en riesgo de entrar en cesación de pagos nuevamente se podrá reestructurar la deuda con la aceptación del 65 por ciento de esos tenedores, y el resto no podrá reclamar mejores condiciones.