El Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió este viernes suspender las actividades de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, por incumplimientos de resoluciones judiciales.
El titular del Juzgado, Roberto Gallardo dispuso que la Policía de la Ciudad «decomise» las mercaderías que transportan estas empresas «que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales».
Asimismo determinó que «las empresas autodenominadas plataformas serán sancionadas con el pago de pesos diez mil ($10.000) por cada infracción verificada».
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También resolvió que sean «bloqueadas de inmediato las operatorias mediante tarjetas de crédito de las empresas mencionadas, conforme la 
orden impartida a la autoridad crediticia».
«La violación de lo antedicho quedará encuadrada en desobediencia judicial y se dará intervención inmediata al fuero penal a sus efectos», señaló el juez.
Gallardo explicó que su decisión se basa «en el incumplimiento» por parte de las empresas de la presentación de documentación «ordenada hace siete meses» por la Justicia.
El Juzgado de Primera Instancia le había solicitado el 10 de julio último a las plataformas, que en 48 horas debían presentar una lista completa de su personal y la constancia de haberles entregado los implementos de seguridad vial exigidos por la ley.
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También debían acreditar que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.
«Estas obligaciones se encuentran incumplidas», resaltó el juez, que decidió, por tanto, suspender las actividades de las tres empresas.
¿Qué pasa en Rosario?
En la ciudad de Rosario, el tema de las empresas de plataformas de servicios como las de delivery o transporte privado (del estilo Uber o Cabify), es una saga que ya tiene algunos capítulos.
El primer atisbo de irrupción en la agenda pública se dio a mediados de 2018, cuando la concejala radical progresista, María Eugenia Schmuck, propuso en el Concejo Municipal modificar la legislación vigente para amparar el funcionamiento de estas «apps» y que puedan competir en forma «leal» con taxis y remisses.
Sin quórum para avanzar con la iniciativa y tras estridentes reclamos y manifestaciones contrarias de distintas agrupaciones de taxistas, el tema se diluyó. Más allá de algún intento para volver a instalar la discusión por parte de la empresa y algunos medios de primera relevancia en la ciudad.
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En particular respecto a plataformas de transporte, el tema reapareció hace algunas semanas, por el caso Cabify. Si bien es una situación similar, tiene diferencias. Esa firma asegura que se distingue «por brindar un servicio premium» y especialmente por «adecuarse a la normativa vigente en cada ciudad» a la que llegan.
Cabify funcionó hasta el mes pasado con una habilitación de «remisería», permiso que violó según pudo comprobar el municipio, al convocar a conductores particulares, y la licencia fue suspendida.
El caso de las plataformas de delivery es algo más complejo. Se han efectuado varios reclamos y pedidos de informe desde el Concejo referidos al funcionamiento, ilegal, de esas compañías foráneas en la ciudad.
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Incluso representantes legales de algunas de esas firmas, como Rappi o PedidosYa asistieron a reuniones en el Palacio Vasallo, en las que hubo momentos tensos. Lo cierto es que no hubo una definición desde el Ejecutivo local y las firmas siguen operando en el vacío.
Lo que se les endilga, además de funcionar sin las habilitaciones pertinentes, perjudicando a empresas locales del rubro, es que precarizan a los trabajadores ya que no los toman como empleados de la firma sino como trabajdores «autónomos», bajo la conciencia de que cada uno maneja su tiempo.
