La Justicia desaprobó la rendición de gastos de la campaña de Cambiemos de 2017
En base a la auditoría, el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó "extraer testimonios" de lo obrado en ese expediente "e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito".
El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó este martes los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
En un fallo emitido este martes, el magistrado ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».
Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces Gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires.
El caso se conoció en 2018 a partir de una investigación del periodista Juan Amorín, en El Destape, que descubrió que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
???? #AHORA Aportantes truchos: el juez Alejo Ramos Padilla desaprobó los estados contables de Cambiemos Buenos Aires 2017 y pidió que se certifiquen los testimonios recogidos a fin de iniciar una investigación penal por el posible lavado de dinero. pic.twitter.com/K8ZmQIT4QF
— Juan Amorín (@juan_amorin) February 8, 2022
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».
«Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales», añadió.
También se detectó que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos».
Paralelamente, se detectaron 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado».
Sumado a ello, se objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores, «como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña».
Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
En el fallo, Ramos Padilla recordó que se pidió a la alianza política Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña.
De acuerdo al juez, aparecieron entonces nuevas denuncias de personas que negaban haber sido aportantes de la campaña de este espacio, por lo que se dispuso una nueva pericia de la CNE, y en base a esos datos se emitió un nuevo dictamen «teniendo en cuenta la versión rectificada de los informes de finales» de las actividades proselitistas.
Según los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes «sin brindar justificación alguna» y rectificó rendiciones de cuentas, pero «existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación» y comprobó que de 37 personas citadas, «sólo 15 confirmaron el aporte» y el resto lo desconoció.
Los auditores contadores concluyeron en su segundo trabajo que «la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados».
El resto de las observaciones -gastos operativos de campaña, pago a asesores y publicidad- no fueron subsanadas, por lo que los peritos concluyeron que «subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos».
Ramos Padilla tuvo en cuenta que el representante del Ministerio Público Fiscal también recomendó no aprobar el informe de gastos de JxC y que en la causa se recabaron testimonios y denuncias de 98 personas, 79 de las cuales negaron haber sido contribuyentes.
Así, el juez rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral» y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
El fallo emitido este martes tras las pericias tiene su origen en una investigación periodística que desarrolló Juan Amorín para El Destape. En ella, el comunicador visitó a los supuestos financistas de la campaña, cuyas casas en varias oportunidades eran precarias, con falta de servicios y ubicadas en calles sin asfaltar.
2-Obviamente, visitamos a los supuestos financistas en Villa Itatí, Quilmes, y lo que encontramos fue impactante: calles sin asfaltar, casas precarias y muchas necesidades.
Los aportantes mandaban a sus hijos a comedores, por lo que difícilmente pudieran darle dinero al PRO. pic.twitter.com/UtY2zjMCWp
— Juan Amorín (@juan_amorin) July 11, 2018
Después del informe, que salió publicado por primera vez el 17 de junio de 2018, las autoridades de la coalición no salieron a hablar. Fue tras los primeros movimientos judiciales, fuentes de Cambiemos le comentaron a la periodista de La Nación, Paz Rodríguez Niel, que «todos los financistas son afiliados al PRO».
Este hecho derivó en una novedad: las fuentes cambiemitas estaban en lo cierto. El Destape constató que todos los aportantes -aquellos que decían no haber realizado aporte alguno- figuraban como afiliados al PRO. «Para ello, les debieron falsificar la firma y el documento, claro está», apuntó entonces Amorín.
Al 24 de junio de 2018, ya eran 500 los casos relevados de titulares de planes sociales que figuraban aportando a la campaña legislativa de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich.
A partir de entonces, las denuncias de personas que se enteran que figuran como aportantes comienzan a crecer, con episodios en los que incluso algunos se enteran al aire, durante una entrevista, que estaban en la nómina. Fue el caso, por ejemplo del entonces titular de la UATRE, el fallecido Ramón Ayala.
12-11/07 El lavado se hace cada vez más evidente: el oficialista titular de UATRE se entera al aire en la radio que figura como aportante y dice que es una locura: “Es más fácil sacarle una muela a un tigre que plata a mí”.pic.twitter.com/3OFJOxpXmj
— Juan Amorín (@juan_amorin) July 11, 2018
«Es muy violento: usar a los pobres, robarles la identidad, hacerlos aparecer como financistas de la campaña y una vez que salta el barro, esconderse, no dar la cara. Así los medios sigan ignorándolo, acallándolo, minimizándolo, esto va a llegar lejos porque no vamos a parar ni un día», publicó Amorín en su cuenta de Twitter en julio de 2018. Ahora el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de campaña. En base a eso ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito».