La magistrada que ordenó la represión en la fábrica Pepsico S.A. de Vicente López, Andrea Rodríguez Mentasty, debutó en su cargo con esa causa, luego de haber sido designada en un trámite express en septiembre del año pasado, propuesta por su ex marido, Walter Caruso, diputado provincial de Cambiemos y miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense.

El pliego de la jueza Rodríguez Mentasty ingresó el 19 de septiembre y el 23 ya había sido aprobado en la comisión de Asuntos Constitucionales. Se aprobó luego en el Senado provincial, el 24 de noviembre del año pasado, junto a los de otros 90 jueces y defensores oficiales.

De esos pliegos, entre los que está el de Rodríguez Mentasty, había algunos que esperaban ser cubiertos desde 2015 y ya se les vencía el examen que habían rendido ante los jueces, por lo que urgía aprobarlos.

En muchos casos son pliegos que estaban desde 2015, y que si no eran aprobados ahora hubiesen obligado a los aspirantes a rendir un nuevo examen en el Consejo de la Magistratura.

Impulsada por Posse

La designación de la jueza también fue impulsada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Cambiemos), departamento judicial por el que ingresó la jueza.

Antes de asumir como magistrada, Mentasty fue auxiliar letrada de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Martín.

En la puja para ocupar la silla de juez, Mentasty se impuso sobre sus contendientes Álvaro Aquino y Juan José Benítez, según confirmaron fuentes del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Los puntillosos detalles de su expediente de designación indican que aprobó la prueba escrita tomada el 5 de junio de 2014, en el marco del cargo vacante número 3379, correspondiente al concurso 1997.

No recibió a los trabajadores

El lunes último la jueza, que tiene vinculación con el PRO, se negó a recibir a la delegación de trabajadores de Pepsico que pidió entrevistarse con ella. Los obreros querían pedir garantías de que el desalojo no se concretaría e informar a la magistrada que existía otra causa conexa en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, donde se denunció penalmente a Pepsico por imponerles a los trabajadores un lockout ofensivo para obligarlos a retiros voluntarios.

Además, vale recordar que Pepsico fue uno de los aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, siendo Marcelo Bombau, gerente de esa empresa, y Ceo de Clarin y TyC.