El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que entró en vigencia este viernes, y la ley ómnibus enviada por el presidente Javier Milei al Congreso nacional dejó mucha tela para cortar en el país, ya que desató todo tipo de repercusiones en la clase política, organizaciones sociales, sindicatos, actores de la cadena de valor y sociedad en su conjunto.

Con pocos respaldos y muchos rechazos, los gremios sentaron una clara postura en contra del avasallamiento de las instituciones, el atropello a la Constitución y la vulneración de los derechos colectivos conquistados, así como también a la guerra declarada contra los trabajadores, en la que ninguna clase se verá beneficiada, con medidas que empeorarán su calidad de vida. El estado de derecho claramente lesionado.

Respecto a ello, quien emitió un comunicado resaltando esta situación fue la Federación Agraria Argentina (FAA), quien emitió un comunicado a través de la red social X, en el cual remarcó que «la división de poderes se debe respetar para garantizar los derechos y libertades de los argentinos», poniendo énfasis en cualidades que son base de la convivencia democrática, que tantó costó recuperar en 1983.

En el texto, sostiene que «socavar de cualquier forma el sistema de frenos y contrapesos entre Poderes podría derivar en excesos que los contribuyentes buscaron evitar, en pos de la salud democrática y republicana».

«En el marco del debate público que generaron el denominado mega DNU dictado por el Ejecutivo y el envío del proyecto de Ley Ómnibus al Congreso Nacional, es imperioso dejar asentada la postura de esta entidad en reivindicar los principios fundamentales que rigen según nuestra Constitución y no deben ser avasallados en nombre de un partido o una mayoría», remarcaron.

 

«Ese camino no se transita con superpoderes delegados a un presidente, con maniobras controvertidas dictadas a las apuradas por el Gobierno y tampoco intentando frenar el accionar con ardides de autoridades democráticamente elegidas. No es tiempo de prepoteadas, de oficialismo ni de oposiciones, sino de un super consenso, en el que el diálogo y el trabajo mancomunado tengan como objetivo el bien común», soslayaron.

Asimismo, hace una clara demarcación de los roles de cada poder al señalar que «el Ejecutivo gobierna, el Legislativo dicta leyes y el Judicial garantiza el cumplimiento de la ley. Entre esos poderes se deberían dar diálogos e intercambios basados en el respeto a la Carta Magna».

«Asimismo, como entidad que representa a los pequeños y medianos productores, queremos poder expresar nuestra postura y necesidades en los temas incluidos en la iniciativa presidencial que nos afectan o modifican nuestra labor, pues para eso la Constitución prevé el debate de los proyectos en las Cámaras, para que los representantes del Pueblo y las Provincias puedan opinar, modificar, aprobar o rechazar las medidas.