Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para este martes al desplazado administrador de la Corte Suprema Héctor Marchi, entre otros exdirectivos, trabajadores y afiliados de la obra social de los trabajadores judiciales, en el marco del proceso que se sigue contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado nacional Leopoldo Moreau expresó que «la comisión de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema está dando los primeros resultados» y vinculó el desplazamiento de un contador del máximo tribunal con presuntos «desmanejos» en la gestión de los fondos de la obra social del Poder Judicial.

En dialogo con Conclusión, el legislador dijo que están «encontrando «un escándalo de carácter mayúsculo que afecta a los empleados , trabajadores y funcionarios, inclusive a los jueces del propio Poder Judicial

«Quedó claro que la Obra social funcionó sin presupuesto, manuales de procedimientos y sin contabilidad, en cualquier otro caso de obra social sus responsables estarían presos. Pero lo que afecta paradójicamente ésta situación es que todos fueron victimas del desmanejo y desfalco que llevó a que crecieran exponencialmente los juicios por mala praxis», apuntó Moreau.

Consultado sobre cual fue la intervención del órgano estatal que tiene facultades de control, respondió: «Los cortesanos evitaron que haya auditorias, es mas se inicio una auditoria de agn y cuando llegó  a a mitad de su tares, la corte rompió el convenio con la AGN para que no concluyera esta tarea. Ellos se sienten dioses del Olimpo, intocables, entonces se manejan con absoluta impunidad».

Respecto de estas irregularidades, Moreau planteó que se les puede hacer  juicio político porque «no se puede administrar una obra social de casi 100 mil afiliados de esta manera, un presupuesto extraordinario y haberlo hecho como si fuera la verduleria de la esquina de un barrio y sin controles, es causal para separar a los mimbro de la Corte por mal desempeño de sus funciones».

No se puede administrar una obra social de casi 100 mil afiliados de esta manera, como si fuera la verduleria de la esquina de un barrio

En el mismo sentido abundó: «Otra vía es a través de la Auditoria General de la Nación, que depende del Congreso, también puede hacer investigaciones de otra naturaleza».

En  relación a los daños que pudo haber generado esta modalidad de prestación de servicios por parte de la Obras Social del Poder Judicial de la Nación a sus afiliados, Morrea manifestó que pueden «presentar demandas, y por caso escuchamos que uno de los testigos apuntó que las demandas por mala praxis crecieron de manera exponencial.

Recientemente Moreau hizo alusión al contador y administrador general de la Corte Suprema -desplazado en sus funciones- Daniel Marchi, quien había dicho que debía remitirse «el material pedido por la comisión» de juicio político de la Cámara de Diputados.

Héctor Marchi

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desplazó a Marchi del cargo que desempeñó durante 15 años y lo trasladó a la Cámara Federal de Seguridad Social.

La decisión fue adoptada por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda, con la disidencia del Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado de Marchi.

Marchi «es quien dijo que había que enviar el material pedido por la comisión de Juicio Politico y lo remueven del cargo; es algo insólito lo que sucede», expresó Moreau, para quien los magistrados «están preocupados por este avance».

Ahora se entiende por qué los aliados de la mafia judicial hicieron lo imposible para desmerecer este juicio político que busca sanear el poder judicial

La resolución 723/2023 dispone el traslado de Marchi, quien «quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de Seguridad Social», y la designación en su lugar, «de manera transitoria», del secretario judicial Damián Ignacio Font.

También, mediante la acordada 11/2023 el alto tribunal consignó que resulta «necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas».

Moreau insistió con que pueden advertirse «las gravísimas irregularidades que durante 13 años se cometieron» en la obra social judicial.