Enviado especial – Aldo Battisacco- La Corte Suprema de Justicia de la Nación omitió incorporar en el temario de sentencias importantes la que refiere a la demanda de los jubilados que toca la reforma previsional votada en diciembre de 2017. El gobierno respira.

Muy a pesar de las urgencias de la mayoría de los beneficiarios de la Seguridad Social, que alcanza a la friolera de 18 millones de personas, la Corte agendó en el cronograma de sentencias solo los casos en los que debe decidir si los jubilados deben pagar impuesto a las Ganancias.

En diálogo con Conclusión, el especialista en Derecho de la Seguridad Social, Facundo Fernández Pastor, señaló que el numero de jubilados sobre los que recaería la sentencia alcanza un porcentaje no determinante para las cuentas del fisco ya que son el 5% y los que «están litigando son apenas el 1%».

Es decir que los dos fallos que la Corte tratará son los de aquellos jubilados «de mayores ingresos, y esto se aplicará -ademas- sobre muy pocos pasivos», precisó el letrado.

«El impacto fiscal es exiguo y dejan de tratar el amparo que presentamos -y la corte tiene la obligación de darle prioridad a esa presentación, sin embargo lo hacen adrede porque el impacto del pago que tiene que hacer el Estado para atender la situación de los mas vulnerables de Argentina sería importante.

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Por otra parte, el especialista reparó que en el marco de las exigencias del Fondo Monetarios Internacional, «si la Corte declarara Inconstitucional la primer reforma como hacen para aprobar la que esta en camino».

«El gobierno quiere una segunda reforma previsional, y está amenazada, hay que recordar que el FMI en un paper, pidió que se derogue la movilidad y bajar la tasa de sustitución por debajo del 35% para instaurar el régimen de AFJP», amplió Fernández Pastor.

También recordó que luego de la reforma previsional de 2017, la tasa de sustitución se «bajo del 60 al 48%» y «esto lo pidió el FMI y van por más», acotó el especialista, al tiempo que precisó que Argentina firmo tratados internacionales que dice que «los derechos sociales no se pueden afectar de manera regresiva», la segunda reforma no pasa.

Entre las sospechas que tiene el abogado, esta muy presente «la posibilidad de un acuerdo entre los miembros del alto tribunal con el Gobierno».

Fernández Pastor recordó que el expediente que presentaron, lo tiene el doctor Casal, es decir un procurador interino puesto a dedo por el Poder Ejecutivo y que duerme en un cajón, acusó el letrado, La ultima acción sobre este «olvido» del magistrado fue una presentación el día 26 de febrero de este año, contra la Corte y la Procuración para que se cumpla el verdadero proceso y resuelvan el amparo.