VIERNES, 29 DE NOV

La Confederación Socialista repudió el protocolo antipiquetes y lo calificó de «antidemocrático e ilegal»

"En medio de la imposición de un clásico manual neoliberal monetarista, de brutal impacto en las clases populares y los sectores medios, la medida oficializada se presenta como una herramienta para evitar el 'desorden en la vía pública' pero en realidad tiene como objetivos impedir, reprimir y criminalizar la protesta social", expresaron.

 

La Confederación Socialista Argentina (CSA), espacio político integrante de Unión por la Patria (UxP), repudió este viernes el «Protocolo para el mantenimiento del orden público» anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al cual calificó de «antidemocrático e ilegal», y afirmó que esa normativa «tiene como objetivo criminalizar la protesta social».

«En medio de la imposición de un clásico manual neoliberal monetarista, de brutal impacto en las clases populares y los sectores medios, la medida oficializada se presenta como una herramienta para evitar el ‘desorden en la vía pública’ pero en realidad tiene como objetivos impedir, reprimir y criminalizar la protesta social», expresaron desde la CSA en un comunicado.

Asimismo, sostuvieron que el protocolo presentado por Bullrich es «manifiestamente antidemocrático e ilegal» en tanto -señalaron- «apunta a que ‘las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales’ impidan el derecho a la manifestación ciudadana cuando en realidad debieran garantizarla».

En esta línea, la CSA cuestionó que los principales referentes del nuevo Gobierno «hicieran campaña autoproclamándose defensores de la libertad» y «ahora amenazan al pueblo argentino con reprimirlo si ejerce sus legítimos derechos».

«A 40 años de la recuperación de la democracia, resultan muy preocupantes estos intentos de coartar la organización social y política y sus distintas formas de manifestación», apuntó el partido político antes conocido como Unidad Socialista para la Victoria.

También alertó que este tipo de iniciativas «habilitan la violencia institucional contra los y las manifestantes».

«Para lxs socialistas y para toda la sociedad democrática, la protesta social es un derecho y las calles son del pueblo», completó.

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