Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este martes una nueva audiencia sin la presencia del exministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano; del senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia; ni del prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor judicial del expresidente Mauricio Macri, que habían sido citados por ese cuerpo en el marco del proceso contra la Corte Suprema.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión e integrante del Frente de Todos, Carolina Gaillard, precisó que los testimonios de esta nueva audiencia estaban vinculados con “un posible acuerdo o encubrimiento entre la Corte Suprema y el entonces Gobierno de Macri de una política que cambie el paradigma para beneficiar a genocidas y represores”.
La citación está vinculada con el fallo del “2×1” en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuáles son acusados los ministros del máximo tribunal: Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Para esta tarde también se convocó a Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.
Desde la oposición, los diputados de Juntos por el Cambio enviaron una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, donde advierten sobre supuestas irregularidades cometidas en el marco del proceso que se sigue en la comisión y denunciaron “hostigamiento” a los testigos que concurrieron a las audiencias.
En tanto, los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte durante el Gobierno de Juntos por el Cambio sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, volverán a ser citados por el cuerpo en una nueva audiencia donde presten testimonio únicamente periodistas.
Sobre el final de la reunión, y a instancias del legislador oficialista Rodolfo Tailhade, la comisión resolvió citar para una próxima reunión a los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovsky, Irina Hauser y Luciana Bertoia.
Por otra parte, se decidió pedir información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la sociedad MoRo Media que, según testigos, tendría como socios a Silvio Robles -estrecho asesor del juez Horacio Rosatti, presidente de la Corte- y a la madre de Natalia Monayer, también de la vocalía del magistrado.
La palabra de víctimas de la dictadura
En medio de un clima tenso, en donde hubo cruces entre los diputados opositores Paula Oliveto y Fernando Iglesias con Gaillard, las testigos Gladys Cuervo y Zulema Chester pudieron responder preguntas de otros legisladores.
El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer el fallo “Muiña”. Con el voto de tres de sus integrantes, decidió que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad es aplicable la ley conocida como “2 x 1”.
La ley del “2 x 1” establecía que al computar el tiempo de privación de la libertad de una persona condenada cada día de prisión preventiva que hubiera excedido el plazo legal de dos años equivalía al cumplimiento de dos días de la condena.
El nombre del fallo se debe a que su beneficiario era Luis Muiña, condenado por los secuestros y torturas de cinco personas en el marco del terrorismo de Estado. El represor –que murió en diciembre de 2021– estuvo vinculado a delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí fue visto por última vez Jacobo Chester, quien aún continúa desaparecido, y también estuvo detenida Gladys Cuervo.
Cuervo dijo que Luis Muiña había sido juzgado en principio y le dieron solo 13 años de cárcel, en lo que definió como un fallo “muy benévolo”.
“Hay un partido que vino a continuar la obra del partido militar”
Al cuestionar el 2×1 por el que fue beneficiado, dijo que al enterarse sintió como si le rompieran el esternón y las costillas a golpes, y atribuyó esa decisión a “un sistema corporativo”. Además, dijo que se había enterado de que el juez Carlos Rosenkrantz había instruido a dos miembros de su vocalía para que eligieran un caso.
En la reunión de este martes, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó a Cuervo si antes de dictar este fallo desde la Corte se comunicaron con las víctimas. A lo que la testigo respondió: “No, para nada. La única pregunta que me hicieron fue muy posterior. El ministro (de Justicia, Martín) Soria me hizo llamar por su secretaria cuando (a Muiña) le diagnosticaron un cáncer terminal de hígado y había aparecido un hijo que quería llevarlo a su casa, entonces quería pedir la opinión de las víctimas. Yo dije que no tenía inconveniente, le iba a dar la oportunidad que ellos no le dieron a mis compañeros”.
Seguidamente, el diputado Marcos Cleri le preguntó si Muiña tenía información sobre las personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas por meses. “No, ninguno de ellos brindó información. Nunca hablaron ni dijeron nada”, respondió Cuervo.
Por último, la diputada oficialista Venesa Siley le consultó si en el 2017 alguien del gobierno nacional se había comunicado con ella. La testigo respondió: “No, para nada. Incluso encontré un día casualmente a (el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio) Avruj e hizo como que no me veía o no me conocía”.
Al preguntarle el diputado Hugo Yasky si interpretaba que el 2×1 como una amnistía, la testigo dijo que “después se tuvo que retrotraer todo eso. Si hubiese pasado eso, hubiese sido una amnistía encubierta. Nadie duda qué partido es el sucesor del partido militar”.
A continuación tomó la palabra Zulema Chester –hija de Jacobo– quien en un mano a mano con el diputado Hugo Yasky repasó su historia: “Jacobo Chester fue mi papá. Era empleado del Hospital Nacional Alejandro Posadas, que fue tomado militarmente el 28 de marzo de 1976. Fue sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó dentro del mismo predio del hospital. Por ese centro clandestino pasaron 13 trabajadores, entre ellos mi padre”.
“Mi papá fue secuestrado en nuestro domicilio el 26 de noviembre de 1976. Sabemos, a través de las distintas investigaciones que se han hecho, que pasó por el centro clandestino del Hospital Posadas. Sabemos también que su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata pocos días después, nunca pudimos recuperarlo”, señaló.
Sobre Luis Muiña, indicó: “Era un civil, no pertenecía a ninguna fuerza armada. Era muy joven en ese momento, tenía 20 o 21 años. Fue un integrante de la patota parapolicial autodenominada ‘Swat’, que fueron los que produjeron todos los secuestros dentro y fuera del hospital. Era una persona que después siguió dedicándose a trabajos de seguridad, tenía algunas denuncias por abusos y malos tratos. La Corte Suprema quiso después, nunca entendía por qué lo eligieron a él, gestar esta cosa del 2×1 que la verdad es que nos cayó muy mal”.
Secretario de Rozenkrantz confirmó reuniones con otra jueza de la Corte
Federico Morgenstern, secretario de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rozenkrantz, reconoció este martes que mantuvo reuniones con la exministra del tribunal Elena Highton de Nolasco por el “fallo Muiña”, pero aseguró que los encuentros “fueron exclusivamente sobre temas jurídicos”.
Además, Morgenstern dijo que no podía revelar el contenido de las conversaciones con Highton o con letrados de otras vocalías porque se amparaba “en el secreto de confidencialidad de la Corte Suprema”.
“Lo podemos dispensar de ello”, le respondió la titular de la comisión, a lo que Morgenstern contestó: “Usted no me puede dispensar, como mucho le pueden pedir a la Corte que lo haga o seguir el proceso para que me vayan a buscar por la fuerza pública”.
Ausentes con aviso
Gaillard precisó que Garavano presentó una notificación, en la que manifestó la “imposibilidad de concurrir” a la reunión y pidió reprogramar la audiencia, al igual que el exviceministro de Justicia, Santiago Otamendi y el Subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez.
En cuanto a Rodríguez Simón, la diputada informó que el exfuncionario envió una nota a la comisión, donde expresó su situación particular por las cuáles está en Uruguay y en la que afirmó que “no tiene nada para aportar en la causa”.
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Al iniciar la reunión, Gaillard informó además la ausencia de Torello, quien envió una nota desacreditando la potestad de la comisión para citarlo y dijo que el senador “tiene la obligación de concurrir”.
“No lo estamos convocando en calidad de imputado sino de testigo”, aclaró Gaillard y dijo que se le va a reiterará la citación y si volviera a ausentarse “se le va a elevar a la presidencia del Senado que tome las medidas pertinentes”.
En su nota, Torello dijo que “la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.
En ese sentido, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, sostuvo que Torello “es un senador de la Nación que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros” y afirmó que “este es un juicio político, no penal”.
