La Cámara Electoral criticó al Gobierno por entregar a Indra el escrutinio provisorio
Tras el anuncio oficial de que la empresa española volverá a encargarse de la confección de los primeros resultados al cierre de la jornada de votación, la CNE cuestionó al Ejecutivo por volver a privatizar el proceso.
La Cámara Nacional Electoral lanzó hoy una durísima crítica contra el Gobierno por la decisión de estregar el escrutinio provisorio a la empresa española Indra, a pesar de que le había propuesto un plan para estatizarlo.
Tras el anuncio oficial de que la española Indra volverá a encargarse de la confección de los primeros resultados que se conocerán al cierre de la jornada de votación -tal como ocurre desde 1997-, la Cámara advirtió que «hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna» por parte del Gobierno a su propuesta para «implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral» que incluían un escrutinio provisorio «alejado de la órbita del Poder Ejecutivo».
A través de una acordada firmada este martes, los jueces del máximo tribunal electoral del país también pusieron de relieve que el Poder Ejecutivo «no receptó los pedidos de la Acordada CNE 2/17, mediante la cual se proponía un sistema de trazabilidad en tiempo real del material electoral –para el seguimiento del despliegue y repliegue de la documentación- para un mejor control de la logística, lo que aún se aguarda desde el tribunal».
Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via hicieron saber a la ciudadanía que «pese a reiterados requerimientos», el escrutinio provisorio «continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos».
El tribunal indicó que en enero pasado -luego de que se frustrara la falta de sanción de la ley de reforma electoral que se debatió en 2016- la Cámara «se propuso implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral, que requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior», que conduce Adrián Pérez.
Según indicó, una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio «diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, para robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados y, fundamentalmente, para integrarlo como una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario».
Una solución semejante incluía el proyecto de ley de 2016 que impulsó el Poder Ejecutivo y que aún no fue aprobado por el Congreso Nacional por la negativa de los senadores del justicialismo, avalados por sus gobernadores, que rechazaban la implementación de la boleta electrónica, entre otros puntos.
Sin embargo, explica la resolución, «hasta el día de hoy -ya avanzado el cronograma electoral en curso- no se ha obtenido respuesta alguna» a la propuesta del tribunal, el que sí tiene a su cargo el escrutinio definitivo de los comicios.
En tal sentido, los jueces de la Cámara aclararon también que las previsiones propuestas no requerían «un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro, y en modo alguno suponía la intervención de ninguna empresa privada ni justificaba modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros».