La Cámara de Diputados aprobó y le dio sanción definitiva al proyecto de adhesión del país al Tratado de Escazú, el cual tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La iniciativa, que venía en revisión del Senado, tuvo un apoyo transversal contundente al cosechar 240 votos a favor, cuatro negativos y dos abstenciones.
De esta manera, Argentina se convirtió en el décimo país en adherir al tratado, el cual entrará en vigor una vez que reúna el acompañamiento por ley de 11 países de los 22 que suscribieron al acuerdo en marzo de 2018 en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Al abrir el debate, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés destacó que se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, cuyo «principal distintivo es que trata la temática ambiental desde la perspectiva de los Derechos Humanos estableciendo estándares mínimos».
Resaltó que la iniciativa promueve «las sanciones a los ataques o amenazas de modo de asegurar que los defensores ambientales puedan desarrollar su labor sin temor y represalias».
A su turno, Leonardo Grosso (Frente de Todos) recordó que en 2019 fueron asesinados en el mundo 212 personas en el contexto de la defensa del medio ambiente, de los cuales dos terceras partes ocurrieron en América Latina y el Caribe.
«Este acuerdo es importante porque pone al Estado a dar algunas respuestas. Este es el primer paso pero de ninguna manera el final del camino», concluyó el legislador del Movimiento Evita, quien invitó a jóvenes ambientalistas a los palcos para seguir el tratamiento del proyecto.
La legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti llamó a «poner en crisis» el modelo de producción que en las últimas décadas «se basó en sacar todo lo que pudo de la tierra». Con ese modelo no se puede negociar.
«Lo que está en discusión es si va a haber vida en este planeta y para eso necesitamos respuestas radicales», afirmó.
La radical Brenda Austin, una de las autoras de las iniciativas que se unificaron en el dictamen único, recordó que Argentina fue un «actor regional clave» y «líder» en las negociaciones del Tratado de Escazú durante el Gobierno de Cambiemos.
«Este acuerdo se construyó de abajo hacia arriba. El método es la democracia ambiental, un mecanismo para abordar las decisiones conflictivas. Necesitamos un modo de legitimar la toma de decisiones, y esto es escuchando a los protagonistas donde encontramos una forma de recíproca colaboración», remarcó.
Su par de la UCR Federico Zamarbide hizo referencia a la presunta intención del Gobierno de reformar la Ley de Bosques.
«Estamos abiertos a eso pero que no nos distraigan. En el primer semestre desmontaron 338.000 hectareas de bosque nativo», destacó.
Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa concentran el 80% de la deforestación del país, que están gobernadas por dirigentes de la coalición gobernante. Esto no se resuelve con la modificación de la ley sino con gestión. Si quieren resolver, gestionen ante los gobernadores porque sino demuestran que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro», finalizó.
