La pelea entre Mauricio Macri y Hugo Moyano abrió un nuevo capítulo. En tiempo récord, el líder de Camioneros cerró esta semana una suba semestral del 23% con los empresarios del sector, pero el Gobierno suspendió la audiencia prevista el martes en la que las partes iban a formalizar y recién recepcionó el acuerdo este miércoles.

El Ministerio de Producción y Trabajo ahora realizará los controles previos a su homologación. Desde la cartera que conduce Dante Sica dicen que no debería haber problemas. Pero la paritaria quedó en medio de los tironeos por la campaña y la estrategia oficial de polarizar con el extitular de la CGT, hoy aliado a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Con ese objetivo, Macri volvió a apuntar el lunes contra Moyano y los «abusos» en la cadena logística. Ya lo había hecho el Día de la Bandera, cuando en un discurso ante escolares, cargó contra la «patota del transporte» y responsabilizó al sindicalista y a su hijo, Pablo, de que la Argentina tenga el costo logístico más alto de la región.

La confrontración es alimentada por sondeos en la Rosada que indican que pegarle al actual presidente de Independiente suma más votos que sacarse una foto con él. La última vez que Macri lo hizo fue en 2016, al inaugurar un busto de Perón. Entonces eran socios políticos.

El boicot a la reforma laboral impulsado al año siguiente por Pablo Moyano terminó por detonar los vínculos. Y forzó al Gobierno a encarar cambios a través de los convenios colectivos y la apertura de mesas de productividad, sin relegar la idea de modificar las leyes laborales en el Congreso.

En el caso de la logística, el Presidente se propuso bajar el costo del transporte por medio de la reducción de impuestos y otras en el plano laboral. En esa dirección, Macri apuntó en octubre pasado contra los salarios de los camioneros, las dotaciones y el ausentismo.

La cruzada contaba con el aval de una docena de cámaras privadas pero se complicó por la crisis, los aumentos de tarifas y la «amistad» que ahora identifican en los despachos oficiales entre Moyano y Mario Eliceche, el titular de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac).

Si bien en la cúpula de esa entidad niegan que haya un acercamiento, en el gremio reconocen que los propietarios de camiones son sus «socios». Algo que disgusta a Macri porque complica sus planes para el sector, incluida la revisión del convenio laboral.

Los frutos de la convivencia se palpan en la calle: pese a que la baja de actividad se tradujo en la pérdida de unos 10.000 empleos según cálculos privados, las empresas destacan el poco nivel de conflictividad. Aseguran que el sindicato firmó el año pasado una de las paritarias más bajas de la actividad, al obtener entre junio y junio un 40% de aumento frente a una inflación superior al 50%.

El diálogo también les permitió afrontar la crisis sin mayores tensiones. Citan el caso de la fabricante Danone, donde hubo 80 despidos desde el año pasado en su planta de Chascomús y se pagaron indemnizaciones. La envasadora del agua de Villa del Sur se vio afectada por la caída de las ventas, lo que paralizó varias de sus líneas de producción.

«Estamos todos en el mismo barco y el gremio nos acompaña», se consuelan en una de las 50 cámaras que integran la Fadeeac.

La grieta empresaria

La llegada de Eliceche en diciembre pasado a la cima de Fadeeac despertó expectativas en Macri. Ambos compartían el interés por revisar el convenio colectivo y bajar costos. Apoyada en las cámaras pequeñas del interior, la nueva conducción planteó un distanciamiento de la gestión previa, que mantenía una relación simbiótica con el sindicato.

Los proyectos de reforma sectorial, sin embargo, chocaron de nuevo con la recesión y la resistencia emprendida por Moyano. El camionero envió una señal clara en febrero pasado, cuando bloqueó el centro de distribución de la embotelladora de Coca Coca-Femsa, en el Mercado Central, para impedir un recorte de la nómina de choferes.

La modalidad se repitió en mayo en la empresa GLD y Distribuidora Latinoamericana, responsable solidaria de Todo Moda. La organización sindical logró así la continuidad laboral de 27 trabajadores, que pasaron a Andreani, y el pago de indemnizaciones.

Pero lo que habría enfurecido a Macri fue el reciente conflicto en el mayor centro de distribución de Coto en Monte Grande, que obligó a la cadena de supermercados a retrotraer la decisión de extender la jornada laboral de 44 a 48 horas.

La medida de fuerza estalló antes del Día de la Bandera y reforzó la impresión en la Rosada de que el gremio es la principal traba para avanzar en cualquier tipo de reforma laboral. Una iniciativa que el ministro Nicolás Dujovne volvió a prometerle este martes a los inversores extranjeros.

A los ojos de Pablo Moyano, la jugada del supermercadista forma parte de las presiones oficiales para abrir un foco de flexibilización en su territorio. El sindicalista leyó en la misma clave el nuevo pedido de Fadeeac para reducir la indemnización, la antigüedad y las horas extras, y modificar la jornada.

Los puntos ya habían sido incluidos por Macri en la carpeta que le entregó en enero pasado al ex director técnico de Independiente, Ariel Holan, para que se la hiciera llegar al líder camionero. «Eso demuestra su incapacidad», afirmó el hijo de Moyano en declaraciones recientes.

La disputa con la cadena de supermercados tocó de cerca al mandatario, quien se refirió el jueves pasado en forma elíptica al conflicto entre Camioneros y la empresa. «Cuando los Moyano quieren imponer algo y la empresa no está de acuerdo, le bloquean la planta y lo funden», advirtió.

El CEO, Alfredo Coto, es un aliado estratégico: es de los que cree que la inflación se debe a excesos en el ámbito empresario y que el Gobierno «no tiene la culpa» de la crisis. Un militante del «cambio cultural» que impulsa Macri en el Whatsapp compartido con 256 empresarios.

Su imagen se contrapone con la que el Presidente tiene de los empresarios transportistas. Según datos oficiales, la incidencia del sector sobre la leche lleva su costo a un 17,5% sobre el valor mayorista y al 25,5% al público. Macri recordó que en Alimentos y Bebidas es del 44%, el doble de lo que cuesta en Chile y Brasil.

El diagnóstico de Eliceche es diferente. En respuesta a las críticas, dijo que el costo logístico «no es caro por el sueldo de los choferes sino por la presión impositiva». Y apuntó contra el pacto fiscal, por el que también responsabilizó a los gobernadores.

Si bien se distanció de las «formas» de Camioneros, puso en duda la existencia de una «mafia» y se pronunció por una reforma laboral que no sea «en contra» de los trabajadores. Los datos de las entidades tampoco abonan la grieta fogoneada desde los bunkers de campaña.

Según Fadeeac, el costo del transporte de carga aumentó en mayo un 70% interanual, período en el que los combustibles pegaron un salto del 80%, mientras que la mano de obra creció un 40%. Lo mismo ocurre con el indicador elaborado por la Cámara de Operadores Logísticos (CEDOL) junto con la Universidad Di Tella.

Este refleja en mayo un incremento del costo logístico del 58% interanual, el más alto desde 1998, pero no precisamente por el capítulo laboral. «Hay números que no cierran, no queremos polarizar, la mano de obra incide mucho, pero perdió protagonismo en el último tiempo», dijo a iProfesional Alejandro Leiras, director técnico de CEDOL.

Los principales aumentos se dieron en naftas, energía eléctrica y peajes. Los alquileres, al igual que los componentes importados en los camiones, se vieron también afectados por el tipo de cambio tras la megadevaluación del año pasado.

El incremento de la renta, junto con la caída del 30% de las operaciones respecto de 2018, aumentó la capacidad ociosa en los centros de distribución, que son generadores de empleo. Hoy un supermercado con 60.000 m2 emplea 500 personas. La cámara logística le planteará estas cuestiones en las próximas horas al Ministerio de Producción y Trabajo.

El poder sindical, en la mira

La renovada preocupación oficial por el costo del transporte coincide con el interés por dar señales al FMI y avanzar en asignaturas pendientes. Hasta ahora, el Gobierno logró acuerdos productivos en el sector petrolero, lácteo y automotor. Por caso, Renault redujo jornadas y salarios con aval del metalmecánico Ricardo Pignanelli, un aliado de Moyano.

El gran ausente es el transporte de carga. De hecho, cuando el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destaca «mejoras» se refiere al rubro aerocomercial, carreteras, puertos y rutas navegables, y ferrocarriles. Distinto es el caso de los bitrenes, los camiones con doble acoplado de hasta 25 metros de largo y 70 toneladas de carga.

Aunque preparan su desembarco en Vaca Muerta, por ahora los utilizan en pocos rubros y solo están permitidos en las 14 provincias que adhirieron a la Ley de Tránsito. El sector de consumo masivo aún enfrenta trabas para obtener la aprobación técnica del INTI, organismo que se vio afectado por el despido de 266 técnicos en la gestión de Pablo Ibañez.

También complica la escasez de rutas habilitadas para ese medio y la obtención de los permisos especiales de Vialidad Nacional, las provincias y los municipios. Esto hace que los recorridos comiencen en puntos alejados de la Ciudad, como San Nicolás y Exaltación de la Cruz. La resistencia a su uso en los centros urbanos es otro condicionante.

Por lo pronto, la mayor limitación es económica: los vehículos representan el doble de inversión que un camión normal y, por la crisis, los transportistas hace dos años que no renuevan su flota. Así, sin acceso al crédito, el avance de esa tecnología se convierte para muchos en una amenaza que podría dejarlos fuera del mercado.

Para Macri, el principal responsable del fracaso de los bitrenes es Moyano por su rechazo a disminuir la dotación y los beneficios laborales. El gremio exige que haya dos choferes por unidad y nuevos salarios dentro del actual convenio. La intención del Gobierno, por el contrario, es esquivar esas conquistas y diminuir el poder del sindicato.

Las pocas empresas que hoy utilizan esos camiones están fuera de convenio. La tecnología serviría así como punta de lanza para imponer un «Vaca Muerta sobre ruedas». Una táctica similar a la que adoptó Mercado Libre en su nuevo centro de distribución en el Mercado Central, al utilizar un convenio diferente al de Camioneros.

Son pasos pequeños para las ambiciones del Gobierno, que tarde o temprano chocan con el poder económico de Moyano. En medio de la docena de causas judiciales abiertas contra el sindicalista, Macri analizó el año pasado la posibilidad de recortar la «caja sindical» de Camioneros.

Se trata del 9% de la masa salarial que aportan las empresas por capacitación y profesionalización, y los empleados por la cuota de afiliación y sepelios, lo que representaría cerca de $1.000 millones por mes. Esos recursos son codiciados en épocas de elecciones por todas las fuerzas políticas. Tanto o más que la billetera de los empresarios.

Fuente: iprofesional.com