La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC), prepara una fuerte ofensiva a dos bandas contra el sindicalismo argentino y las conquistas históricas del movimiento obrero. Desde una arista busca impulsar proyectos legislativos que sienten las bases de una reforma laboral recesiva en materia de derechos. A la vez, motoriza denuncias penales contra sindicatos y demoniza la escalada de las medidas de fuerza ante situaciones que no encuentran respuesta de parte de las patronales. En caso de prosperar, esta avanzada afectará al conjunto de los trabajadores del país y fracturará la malla normativa que los protege.
El espacio opositor tiene claro sus objetivos políticos y eligió los enemigos sobre los que va a estructurar la campaña de cara a 2023. Uno de ellos es el sindicalismo argentino, claro escollo para desplegar la batería de reformas laborales que tiene pensado instrumentar.
Aun así, no es posible hablar de una mirada homogénea entre los diferentes actores que integran Juntos por el Cambio. Los distintos matices que aparecen al escuchar a los referentes económicos y equipos técnicos de cada posible candidato presidencial exponen que sobre este punto también se dirimirá una interna.
>Te puede interesar: La oposición busca eliminar indemnizaciones por despido y desfinanciar a los sindicatos
PROYECTAN 2023
No todos los dirigentes del espacio mantienen ese tono. El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta se presenta con un perfil menos belicoso y hasta decidió iniciar conversaciones con algunos líderes gremiales como Héctor Daer (Sanidad) o Armando Cavalieri (Comercio). Estos diálogos llegan hasta el propio Moyano, quien encontraba en Diego Santilli un interlocutor válido. Desde el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires afirman que Larreta ya concretó reuniones con la mayoría de los integrantes del consejo directivo de la CGT.
Patricia Bullrich, por su parte, cuenta con el asesoramiento económico del santafesino Luciano Laspina y el extitular de la cartera de producción durante el gobierno macrista, Dante Sica, quienes coinciden en la idea de «adaptar» la normativa laboral para que cuadre con nuevas actividades, formas de negocios y economías de plataforma. A la vez, buscan reemplazar los planes sociales por un seguro de desempleo. La exministra de Seguridad sí tiene un perfil de mayor confrontación con la dirigencia gremial, pero no dudará en iniciar algunos acercamientos en caso de imponerse en una posible interna con los halcones de JxC.
La coalición opositora difunde en medios afines que la eventual modificación de la normativa de asociaciones sindicales no es prioridad, pero la presentación de algunos proyectos ante la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados marcan la intención de limitar los mandatos a cuatro años y que las cuotas sindicales sean optativas.
>Te puede interesar: Macri, sobre la interna de JxC: «Si uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar»
La UCR cambiemita también coincide con la necesidad de promover modificaciones y eliminar otras reformas que -según argumentan- «después de los noventa aumentaron innecesariamente las indemnizaciones y la litigiosidad».
EN EL CONGRESO
El pedido de una reforma laboral no es nuevo para JxC: el año pasado ya se habían presentado proyectos para eliminar o reemplazar las indemnizaciones por despidos, mientras que semanas atrás se presentó una propuesta para limitar los mandatos sindicales a cuatro años, con posibilidad de sólo una reelección.
El año pasado, el diputado del PRO por Tierra del Fuego, Héctor Stefani, presentó un proyecto de ley que busca reemplazar la indemnización por despido por un sistema de pago de un mes de sueldo.
Esta propuesta contempla que este monto se pague durante una cantidad de meses -posteriores al despido con o sin causa- que sea correspondiente a los años de antigüedad.
El senador Martín Lousteau, de Evolución Radical, también presentó un proyecto para modificar las indemnizaciones por despidos.
Asimismo, la diputada María Eugenia Vidal propuso limitar los mandatos sindicales a cuatro años con una reelección.
“Proponemos su modificación, incorporando la obligatoriedad en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales a los integrantes de los órganos directivos y/o administradores incorporándolas como requisito fundamental para el acceso y permanencia a los máximos cargos de gestión y representación dentro de los sindicatos”, reza la iniciativa.
El senador del PRO por la provincia de Misiones, Humberto Schiavoni, incluso pidió días atrás subir la edad jubilatoria. «Nuestro principal problema es la falta de empleados activos que financien a los pasivos. Hay que analizar modificar la edad jubilatoria y ver cómo está funcionando en el mundo, porque la gente hoy vive más tiempo», señaló.
Si bien estos proyectos aún son tratados en las comisiones de las respectivas Cámaras, desde la oposición no descartan implementar estos cambios por decreto en caso de ganar las elecciones presidenciales en el 2023.
EN LA JUSTICIA
La ofensiva también llega desde el frente judicial, donde suelen aparecer los aliados necesarios para estructurar un relato deslegitimador sobre los sindicatos y su actividad.
A la cabeza de esta confrontación está el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab), que difundió un relevamiento en el que marca que, entre 2021 y 2022, se registraron al menos «42 episodios violentos contra empresas que fueron denunciados en la justicia penal».
«La mayoría de los casos son por bloqueos, amenazas, extorsión o turbación de la posesión. Por las denuncias, hay 10 sindicalistas presos, 50 imputados y ocho expedientes fueron elevados a juicio oral», dice el informe del Meab que difundió el diario La Nación.
Cabe destacar que, de las 42 denuncias penales impulsadas por el Meab, 16 son contra alguna seccional del Sindicato de Camioneros y, al mismo tiempo, tienen como epicentro a la provincia de Buenos Aires, donde Hugo y Pablo Moyano son los máximos referentes.
Igualmente, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo -cuyo número de pymes adherentes viene en aumento- dice tener identificados -según difundió el medio citado- bloqueos y amenazas de «la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), Químicos, Panaderos, Estaciones de Servicio, Aguas y Gaseosas, Carga y Descarga, Portuarios, Atilra y los sindicatos de la carne y del telgopor.
