Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires

En diálogo con Conclusión, el Doctor en Administración en Políticas Públicas, Néstor Martiarena, de Jujuy expresó sobre el incremento de casos de coronavirus que «la situación es gravísima desde el inicio de la pandemia y antes», y agregó que no se puede obviar «que la gestión de Gerardo Morales en cuatro años que viene gestionando la provincia, nunca ha dado cuenta de los destinos de una serie de créditos tomados internacionalmente».

Este domingo el gobernador jujeño encabezó el reporte del Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial y dio precisiones sobre la situación epidemiológica y expresó que su provincia estaba «al borde del colapso de camas».

La red hospitalaria jujeña ya registra un 93,1 por ciento de las camas de terapias ocupadas, es decir, al borde de colapsar por el incremento de los contagios. Sin embargo, el gobernador Morales decidió continuar con la flexibilización de actividades en zonas que no son consideradas rojas.

Las localidades de Ledesma y Susques están seriamente comprometidas y la población debe guardar los recaudos aconsejados para la fase 1, con aislamiento social.

Martiarena, recordó que «dos días antes de la pandemia estuvo a punto de ser intervenida la Justicia provincial», y la pandemia «funcionó como un campanazo antes del nock-out», y no esto eso sino que «se valieron de la pandemia con fines de comunicación política».

«Este gradual desmanejo hizo que el virus ingresara a la provincia, lo que generó que haya circulación masiva a partir de un viaje de la comitiva del gobernador al límite con Bolivia. Allí dos altos jefes de policía de la provincia, que cruzaron la frontera con fines muy poco claros respecto a la compra de hojas de coca, terminaron ingresando el virus en Jujuy», describió el especialista.

Por otro lado, Martiarena denunció que no existen políticas claras en materia de «salud y seguridad, porque los más contagiados son de estos ministerios. Y «las grandes empresas, donde buena parte de los infectados corresponde a trabajadores de la minería, litio, agroindustriales, azucareras, papel y tabacaleras».

Para el entrevistado, el gobierno trata de desentenderse de su responsabilidad, a la «responsabilidad social individual, cuando en realidad la responsabilidad del Estado y de la responsabilidad social del empresariado, son los causantes en el crecimiento de los contagios».

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