A las puertas del inicio del trámite de juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Gobierno Nacional, la totalidad de los miembros oficialistas que integran la comisión homónima en la Cámara de Diputados se dieron cita este miércoles en el despacho principal del bloque del Frente de Todos, para acordar las reglas del juego del debate que comenzaría en la semana del 23 de enero.
«Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones», aseguraron en un comunicado, en el que destacaron la «asistencia perfecta» al cónclave, que estuvo liderado por el jefe de la bancada, Germán Martínez.
En la comisión se tendrán en cuenta todos los proyectos de solicitud de Juicio Político a miembros de la Corte, y no únicamente el proyecto en cuestión que cuestiona la intromisión del máximo tribunal en la coparticipación federal de recursos y en la composición del Consejo de la Magistratura.
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De esa manera, se habilitará el tratamiento de otros proyectos, como el presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, o el de la diputada kirchnerista Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz por el 2×1 a militares genocidas.
En las últimas horas, se definió que el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo no tendrá la firma del presidente Alberto Fernández, sino que será presentado con las rúbricas de diputados oficialistas. De todos modos, se trata de una formalidad, ya que el proyecto reproducirá exactamente el texto que entregó la semana pasada el jefe de Estado a Gaillard y a Martínez.
Esta formalidad, sin embargo, persigue una lógica, y obedece a que un proyecto de juicio político presentado por el Gobierno pierde estado parlamentario en un año, mientras que si lo presentan diputados nacionales la vigencia es de tres años.
«Trabajaremos desde la Comisión analizando los pedidos de juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión de Juicio Político», se comprometieron.
«Convocamos a todos los bloques que integran la Comisión de Juicio Político a dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina», finalizaron.
La denuncia contra la Corte es por haber favorecido de forma irregular al Gobierno porteño en el conflicto por la coparticipación de la masa de recursos federales, según se desprende de la lectura de chats entre Silvio Robles, vocero de la presidencia del organismo, y el ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro. Allí acusan a los cuatro ministros del tribunal.
El otro eje de la acusación tiene que ver con la injerencia de la Corte en la elección de los miembros al Consejo de la Magistratura por el estamento legislativo, beneficiando a Juntos por el Cambio en perjuicio del Frente de Todos.
En este caso la denuncia es contra todos los jueces a excepción de Lorenzetti, quien no firmó el polémico fallo.
