El Camarista federal Martín Irurzun emitió este miércoles un fallo unipersonal en el que avaló un planteo formulado por el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien pretende que la investigación sobre espionaje ilegal contra opositores políticos de Cambiemos y movimientos sociales pase de Dolores (provincia de Buenos Aires) a los tribunales federales de Comodoro Py.

En un fallo de seis páginas, Irurzun le ordenó al juez federal Ariel Lijo que reclame la inhibitoria de su par de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien ya procesó por estos hechos al extitular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para conseguir este fallo, Arribas recurrió a la misma estrategia que utilizó para intentar que otra causa por supuesto espionaje ilegal (la que tramita en Lomas de Zamora): en lugar de formular los planteos de inhibitoria en las jurisdicciones en las que se encuentran radicados los expedientes, las formula en Comodoro Py, el lugar donde asegura que deberían tramitar.

Para hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado por Arribas y rechazado en primera instancia, Irurzun destacó que las órdenes ilegales que se le atribuyen al extitular de la AFI habrían sido dadas desde la sede central del organismo de inteligencia radicado en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que las maniobras se hubieran desplegado en territorio bonaerense.

Las nueve bases desde las cuales se habría llevado a cabo el espionaje prohibido están desplegadas «en la provincia de Buenos Aires: Ezeiza, Haedo (Morón), La Matanza, San Martín, Pilar, Quilmes, Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata, todas ellas dependientes de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires de la Agencia Federal de Inteligencia», según se recordó en el fallo.

«Lo único que toca hacer aquí es precisar la competencia sobre los hechos por los que se indagó y procesó a Arribas.Y que los cargos contra él se ciñen a la emisión de directivas de carácter general (no de órdenes particulares para concretas operaciones) y de recepción de informes -también generales-desde lugares diseminados en distintas jurisdicciones», sostuvo Irurzun.

«Los cargos contra Arribas se apoyan -según la lógica del juez que lo procesó- en dos ejes centrales: la emisión de una directiva general desde su rol de máxima autoridad de la AFI en supuesta violación de la ley 25520; y la recepción -también en ejercicio de esa función- del producido de actividades realizadas en diferentes bases ubicadas en muchas jurisdicciones distintas de la Provincia de Buenos Aires, a consecuencia de las órdenes que él dio», sostuvo el camarista.