El miércoles pasado ediles rosarinos se reunieron con la directora de Acceso a la Justicia de Santa Fe, Gabriela Durruty, y con su par nacional, Gabriela Carpineti, quien visitó el Concejo Municipal para informar sobre las políticas públicas que lleva adelante el organismo que preside y para trazar los ejes de trabajo en la ciudad.
El objetivo de la reunión tuvo varios ejes institucionales, donde se trataron cuatro temáticas fundamentales: índices de violencia, desigualdad social, violencia de género y la quema indiscriminada de las islas.
Por otro lado, la planificación del trabajo de esta dirección que depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, también involucra el fortalecimiento de las instituciones judiciales en todo el territorio nacional, para garantizar el acceso a la justicia de las personas de a pie.
Al ser consultada por Conclusión, Carpineti mencionó que el tema más urgente que debe ser tratado «es el acceso a la justicia» y pidió que «todos los poderes del Estado recojan el guante de una demanda social».
«Creo que el problema de la justicia en nuestro país no es solamente un problema del poder judicial, de ejecutivo, de las normas que dicta o deja de dictar el poder legislativo, sino que es un problema que expresa una cuestión mucho más profunda», adjuntó la abogada.
La directora del organismo nacional aseguró que está «convencida de que en nuestro país no falta reconocimiento normativo a los derechos fundamentales, sino que lo que falta es justicia, y la justicia tiene que ver con el acceso efectivo a esos derechos».
«Hay un politólogo que dijo que el siglo XXI tiene que ver con la operatividad de lo que ya está consagrado normativamente, y el acceso a justicia tiene que ver con volver operativos y ejercibles todos esos derechos que están consagrados en las normas», agregó.
Consultada sobre si el descreimiento de la sociedad en el Poder Judicial aumentó en los últimos años, la abogada respondió que «el problema fundamental de nuestro país tiene que ver con que el Poder Judicial esté más cerca de los poderes de la gente. La percepción de impunidad, de ineficacia, de falta de transparencia, de inaccesibilidad a la justicia tiene que ver con la lejanía que tiene el Poder Judicial en relación a los problemas cotidianos de la gente de a pie».
Sobre la credibilidad que puede tener la Justicia, la profesional dijo que hay que trabajar en ello y explicó que «hay una batalla cultural fundamental, donde incide la formación de los magistrados y de los fiscales, pero también de los operadores del derecho en general. Por eso para nosotros articular con la Universidad Pública es fundamental, el intercambio y el contagio positivo mutuo es una de las claves. Es muy importante que quienes padezcan los problemas sean parte de la solución».
La referente de Acceso a la Justicia agregó: «Un líder latinoamericano como fue Hugo Chávez, dijo que para terminar con la pobreza había que darle poder a los pobres. En la justicia hay que darle lugar a los que padecen las injusticias, puede haber más justicia para los de abajo y menos privilegios para los de arriba».
Al abordar la temática sobre violencia de género, Carpineti apuntó a que hay «una realidad dispar en cada provincia de la Argentina» y que «no actúan de la misma manera todos los fiscales, tanto en la órbita del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa», aunque las «Constituciones Provinciales establecen distintos tipos de autonomía y dependencia entre los poderes judiciales».
«Creo que en materia de género hay que construir una política bien federal en donde no dejemos librados a la arbitrariedad y a la discrecionalidad de cada provincia y de cada magistrado las acciones para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género», concluyó la abogada.
Por su parte, su par provincial Gabriela Durruty explicó que «en Santa Fe nos propusimos trabajar sobre cuatro ejes. Fundamentalmente pensamos desarrollar un plan en relación a la violencia, que lamentablemente nos tiene acostumbrados la ciudad, a la desigualdad que es la madre de todas estas violencias, a las violencias de género y los problemas que acarrean los delitos ambientales, por la situación por todos conocida como lo es la quema en las islas».
Por otro lado, Durruty apuntó a que el trabajo es muy grande, pero que están «intentando fortalecer el proyecto nacional» que se está desarrollando en Rosario en relación al trabajo en barrios populares.
Para esto, la abogada tomó como ejemplo las obras de urbanización llevadas adelante en Nuevo Alberdi y anticipó que «en lo inmediato la idea es instalar un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) Nacional en Nuevo Alberdi».
