Asociaciones de inquilinos de todo el país reclaman al Gobierno nacional la aplicación de medidas urgentes para afrontar la delicada situación del sector. Advierten que frente a la segunda ola de contagios y la pérdida de ingresos generada por las restricciones a la circulación es fundamental frenar los desalojos, prorrogar automáticamente contratos de alquiler y generar herramientas de crédito a tasa cero que sirvan para pagar deudas.
Al exponer sus reclamos, las organizaciones representantes de inquilinos aclararon que acompañan las medidas adoptadas para controlar la situación sanitaria, pero resaltaron la importancia de avanzar en políticas que aporten soluciones a los problemas vinculados al pago y acceso a los alquileres.
«Fundamentalmente la principal afectación está vinculada a que hay una gran cantidad de contratos en la ciudad de Rosario que están venciendo a fin de mes. Hoy están impedidas las mudanzas y está suspendida la actividad inmobiliaria. Por lo tanto, hay varias situaciones a resolver», explicó el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, Ariel D’orazio, en declaraciones a Conclusión.
En Rosario, tal lograron detectar, hay unos 6.000 contratos de locación que vencen en el mes de mayo y necesitan medidas que aporten un escenario de mayor certidumbre al sector. A esto se suma el problema de aquellos que están atrasados en el pago de los alquileres y acumulan deudas mes a mes.
D’orazio indicó que «hoy 1 de cada 3 inquilinos tiene dificultades económicas serias para hacer frente al pago del alquiler. Algo que no lo ha resuelto el DNU 320. Tiene que haber un nuevo decreto que saque a los individuos del endeudamiento y amplíe el crédito blando a tasa cero, planteando un plan Ahora 36″.
«Hay que entender que se busca honrar la deuda, pero obviamente necesitamos del esfuerzo compartido de las partes y también al Estado interviniendo para generar mediaciones gratuitas», agregó el referente local de la Asociación de Inquilinos.
Un mercado excluyente
El Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor registró un gran incremento en las consultas, porque también han aumentando las intimaciones mediante carta documento, el cobro de intereses indebidos y la intervención de profesionales del derecho. Esta última intervención, señalan en el sector de inquilinos, está de más porque el conflicto puede ser resuelto en el marco del DNU 320, que todavía está vigente hasta el 30 de septiembre.
«Han llegado muchísimas consultas, pero además la gente viene con mucha angustia porque están involucrados ellos y también los garantes de los contratos de locación, que muchas veces se sorprenden cuando se encuentran con estas situaciones que no son agradables para las partes intervinientes en el contrato», relató D’orazio.
El sector ya venía muy castigado desde hace varios años, donde la morosidad en los contratos se fue incrementando paulatinamente. Se pasó, debido al escenario recesivo generado por el gobierno de Mauricio Macri, del 1% promedio en el año 2015 al 8% en 2019, pero la pandemia agudizó esta situación y llevó el nivel de endeudamiento hasta el 30% del total. Esto se nota también en la actividad comercial. Basta recorrer la ciudad para toparse con locales vacíos en casi todas las cuadras.
En 2015 había alrededor de 1.200 locales ociosos, un número que se incrementó exponencialmente hasta superar actualmente los 7.000 locales vacíos. Al exponer estos datos, D’orazio explica que responden a dos situaciones bien concretas: por un lado el achicamiento de la actividad económica y la consecuente pérdida de ingresos de trabajadores formales e informales; por el otro, la especulación del mercado inmobiliario.
«Hay una apetencia desmedida del mercado, que sigue subiendo los precios por encima de la inflación. En Rosario hay un 50% de aumento en las renovaciones. Si lo comparamos con el ingreso salarial, el laburante hoy tiene que poner el 55% del salario para hacer frente a un alquiler, más los gastos iniciales, que son altísimos», expuso el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda.
Según los últimos relevamientos realizados por las organizaciones que representan a los inquilinos, un alquiler promedio de un departamento de dos dormitorios está alrededor de 22 mil pesos. A eso hay que sumarle los habituales gastos de servicios e impuestos. «Además, cuando hay que entrar a renovar un alquiler tenemos que hablar de por lo menos 80 mil pesos de ingreso. No cualquiera puede reunir eso, menos en la situación económica que estamos atravesando», advirtió D’orazio.
Propuestas
Frente a este escenario, la Asociación de Inquilinos de Rosario, junto a otras organizaciones de distintos puntos del país, no se quedaron en el diagnóstico y propusieron medidas concretas para atender las problemáticas del sector.
En principio, reclaman el freno a los desalojos, e intervención de los Ministerios de Justicia y Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en el cumplimiento de lo que señala la Ley de Alquileres y el Decreto 66 en su artículo 12.
A esto le suman el pedido de prórroga automática de contratos hasta el 1ro de julio y el reclamo por la reglamentación del programa de Alquiler Social, también incluido en la Ley Nacional de Alquileres. Este punto de la normativa tiene por objeto brindar soluciones a mujeres víctimas de violencia de género y adultos mayores que enfrenten dificultades para acceder a un alquiler.
Además, proponen la creación de una línea de créditos a tasa 0 que sirva como herramienta para el pago de las deudas acumuladas por los inquilinos.
