Conclusión Buenos Aires
Un plenario de las Comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal recibió a expertos que expusieron sobre los proyectos que modifican el Código Penal para incluir una tipificación de la compra y venta de niñas, niños y adolescentes.

Al comienzo del debate, la titular de la Comisión de Familias, Roxana Reyes (UCR), explicó que “es una obligación internacional asumida por nuestro país al adherir a la Convención de los Derechos del Niño”.

“Es un flagelo que requiere que nosotros demos un marco normativo. Habiendo tenido un despacho de Comisión del Senado, se espera el tratamiento en el recinto en los próximos días. De modo tal que, en la Cámara de Diputados, vamos analizar los proyectos para conseguir la mejor ley que no deje ningún flanco libre”, dijo Reyes.

En 2021 el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas, presidido por Gustavo Vera, referente de la ONG La Alameda,  rescató a 1.404 personas, entre las que se encuentran unas 800 por trata laboral y alrededor de 300 por explotación sexual. Además, según datos del organismo, dos terceras partes de los trabajadores rurales no están registrados. Son unos 750 mil, muchos de quienes trabajan más horas de las permitidas, cobran menos del salario mínimo vital y móvil y trabajan en condiciones indignas.

Días pasados la Comisión de Justicia del Senado emitió un dictamen a un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de venta de menores. El proyecto al cual se le dió dictamen y que defiende la senadora Carolina Losada, que además es acompañado por el Senador oficialista Eduardo Vischi de Corrientes que responde a Gustavo Valdés, no califica al delito como trata y tiene vacíos legales que permitirían que el delito se siga cometiendo bajo otras formas.

Este flagelo que azota al mundo entero, tiene varias aristas que ayudan a reconocer los casos de explotación, entre ellos se encuentra reducir o mantener a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquiera otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, promover, facilitar o comercializar la pornografía infantil, forzar a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho y promover, facilitar o comercializar la extracción forzosa de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El ex legislador de CABA, expuso en diálogo con Conclusión que el equipo gobernante, a pesar de que «el Comité de Lucha contra la Trata» que presidió en los últimos 4 años, estuvo en «la máxima categoría internacional», al tiempo que agregó: «Ahora está totalmente destruido y paralizada la asistencia a las víctimas, y cada vez que hay un allanamiento por trata laboral o sexual, las victimas quedan abandonadas a su propia suerte«.

La plata está distribuida a las grandes grupos concentrados, los salarios a ellos mismos y la bicicleta financiera”, señaló con énfasis el titular de La Alameda.

Ademas, Vera afirmó que denunció «penalmente a la ministra Sandra Pettovello y a la ministra Patricia Bullrich,  porque no solo dejan a las víctimas en banda, sino que además auspician zona liberada para la cajita feliz de los sectores corruptos de la gendarmeria y la policía, que ahora sin testigos civiles tiene el monopolio de toda la política contra el narcotráfico y contra la trata».

Al termino de su gestión como funcionario, y desafectado de su cargo por Javier Milei, Vera manifestó que la cantidad de personas que recibieron asistencia por su Comité había pasado las 5000 personas asistidas.

En su intervención en el Anexo de la Cámara baja, Gustavo Vera fue al hueso, y no se privó de dar nombres, fechas, cargos, delitos, situaciones y responsables del desastroso tratamiento que se le da al caso Loan Danilo Peña, de Corrientes.

El “Proyecto Losada” viene con trampa al pretender tipificarlo bajo un delito menor en lugar de tipificarlo como Trata de Personas como lo hace el “Proyecto Gutiérrez»

La semana pasada la Comisión de Justicia del Senado emitió un dictamen a un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de venta de menores. La iniciativa defendida por la senadora Carolina Losada, que acompaña el Senador oficialista Eduardo Vischi de Corrientes que responde a Gustavo Valdés, no califica al delito como trata.

Vera recordó que después de 12 años y más de 40 proyectos que «durmieron el sueño de los justos siempre en el Senado», hoy se encamina a tratar el proyecto de Losada apresuradamente y sobre tablas para que, aprovechando el contexto de conmoción por este tema, se consume una trampa que, objetivamente, siga dándole oxígeno al sistema de apropiación ilegal de niños.

Cuando Gustavo Vera fue Director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, ni bien asumió en los primeros meses del 2020 se comunicó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, alertando sobre la sanción de la CIDH y la necesidad de un urgente tratamiento parlamentario que tipifique el delito de compraventa de niños como Trata, tal como lo indica la propia CIDH y los estandares internacionales. Massa ordenó inmediatamente que los diputados Ramiro Gutierrez y Paula Penacca, miembros de la Comisión de Seguridad, trabajaran con el Comité Ejecutivo un proyecto de ley. Y esta acción fue una de las que consta en el Plan Bienal 2020-2022 del Estado Argentino para la lucha contra la trata y la asistencia y protección a las victimas.

El pueblo ve con el caso Loan que hay un sistema que se está protegiendo, un sistema donde hay un comisario que obstaculiza las pruebas o las planta, así lo dijo un fiscal

En la reunión de las Comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Legislación Penal: Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, celebró “que el Congreso finalmente haya encarado la tipificación del delito de compra venta” y analizó los distintos proyectos de ley presentados sobre el tema.

“En Argentina la mayoría de los casos de compra venta de niños son para una adopción, que luego se oficializa a través de una adopción ilícita”, dijo Graham. Asimismo, señaló que se trata de “una transferencia de activos de las clases más pobres a las más favorecidas de la sociedad”.

La Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes propuso que “aquellas mujeres que entregan, que tienen una intersección de vulnerabilidades, sean exoneradas o que no sean perseguidas penamente, salvo que formen parte de una red delictiva”.
“Tenemos que lograr la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando son más chiquitos, recién nacidos, que dependen absolutamente del mundo adulto. Ese mundo adulto no los puede convertir en un objeto”, concluyó.

Posteriormente, Martha Pelloni, religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, contó que, en Goya, Corrientes, se encontró “con empleadas domésticas de casas de ricos que, para poder sostener el trabajo cama adentro, tenían que entregar al hijo”.
Asimismo, Pelloni denunció “una mafia enquistada en el poder político, el poder judicial, policial y las instituciones que nos tienen que cuidar”.

Gloria Machado, abogada de la ONG Infancia Robada, calificó a “la compraventa como una grave violación a los derechos humanos” y reclamó “un cambio de paradigma socio-cultural en la mirada hacia las infancias”.
Machado también se refirió “a la connivencia de los poderes públicos, de los encubrimientos y las complicidades” y “el abuso absoluto de poder de las instituciones sobre el niño, aprovechando su situación de indefensión”.

Luis Velasco, abogado especialista en Derecho Penal, argumentó que “tenemos que ser muy cuidadosos en reformar un texto en el cual ya hay condenas y que está siendo aplicado”.

En ese sentido, Velasco pidió “modificar lo que está vigente lo menos posible y hacer agregados con tipos penales especiales con más penas”. “Seamos muy cuidadosos, el texto con dictamen del Senado puede tener un efecto búmeran”, advirtió.

José Atilio Álvarez, titular de la Defensoría Pública de Menores, coincidió en la visión sobre la técnica legislativa y pidió “cuidar el tipo que van a incorporar, no sea cosa que, de buena fe, terminemos con una enmienda peor”. Y remarcó la necesidad de “atenuar la situación de la parte vulnerable, de la madre que no participa de una organización”.

“En 45 años que voy a cumplir -en ejercicio del derecho-, el temor del apropiador de niños es el arrepentimiento de la madre. Dejar la puerta abierta para que la madre se arrepienta y ayude a recuperar la identidad de su hijo es un elemento preventivo fundamental en la apropiación de los niños”, indicó.

En la reunión informativa, Álvarez le reclamó a los legisladores que “tengan el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere los escapes de una mafia”.