La adhesión a la ley de ART pasó senadores en la legislatura provincial y ahora espera el turno de diputados. Dicha situación puso en alerta a un amplio abanico de gremios locales que viene expresándose en contra de la norma por considerar que «recorta derecho de los trabajadores».
En ese sentido, gremios provinciales, (Recolectores, Norte, Obras Sanitarias, Sutpa, Dragado y Balizamiento, Aceiteros, entre otros), se reunieron este viernes en el Sindicato de Recolección y Barrido para expresar el rechazo a la norma. Del encuentro participaron los legisladores Rubén Giustiniani, Claudia Balagué, Carlos Del Frade, Walter Ghione, Luis Rubeo y Lucila de Ponti.
Asimismo se convocó a diputados provinciales “para que escuchen nuestros argumentos, sobre por qué la Provincia no debe adherir a esta reforma macrista a la Ley de ART”, dijo Marcelo Andrada, secretario general de Recolectores de Rosario y el anfitrión de la reunión del viernes.
«Es fundamental que no se apruebe. Ya lo hicimos el año pasado, este año se ha vuelto a poner en marcha y nos sorprendió muchísimo que el senado lo haya aprobado de un día para otro sin siquiera abrir espacio de diálogo. No podemos ser invitados de piedra, tenemos que estar dentro de esta ley», expresó en diálogo con Conclusión Edgardo Arrieta, el secretario general de Dragado y Balizamiento.
«A partir de ahora trabajaremos para ver qué podemos llevar adelante si ya es una iniciativa que no se puede dar marcha atrás o si con la fuerza de todos logramos que esta ley pueda hacerse a un costado. No es tan poco oponerse por oponerse, lo que tenemos que buscar es eso beneficiar al trabajador«, continuó Arrieta.
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El secretario general de Amsafe Rosario Gustavo Teres comentó que «la amplia mayoría del arco gremial se opone a esta ley de origen neoliberal. El Gobierno no ha puesto como prioridad la vida de los trabajadores, parece que aprovecha esta pandemia para avanzar y recortar derechos».
El dirigente manifestó que esta ley podría ser una antesala a avances sobre derechos de los trabajadores. «Córdoba y Entre Ríos avanzaron en recortar el 82% móvil. Hay intentos de flexibilizar el mundo del trabajo por empresa, rama o provincia en medio de esta crisis por la pandemia, en lugar de cuidar a los trabajadores».
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En diálogo con Conclusión, el diputado Giustiniani afirmó que «hay que rechazar esta ley porque va en contra de los derechos de los trabajadores. Es una ley inconstitucional. Ya fue expresado el año pasado en una audiencia pública en la legislatura provincial».
«Ante un accidente laboral se le impide al trabajador a recurrir a la justicia. Esto es inconstitucional. Beneficia a las aseguradoras de riesgo, a las grandes empresas», agregó.
En la misma sintonía, Matilde Bruera comentó que «creo que es un grave ataque a los derechos de los trabajadores porque impide el acceso a la justicia. Es la ley que más inconstitucionalidades ha tenido en todo el país», al tiempo que adelantó su voto negativa en la legislatura.
La legisladora detalló que la norma «impone la obligación de pasar por una comisión médica antes de ir a la justicia. La comisión médica, además, es juez y parte porque está vinculada a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es de donde dependen las ART. Es una ley que claramente favorece a las aseguradoras de trabajo«.
Por su parte, Carlos Del Frade aseguró: «Es una ley que aumenta la ganancia a las empresas aseguradoras de riesgo del trabajo y disminuye la responsabilidad empresarial para garantizar la salud de los trabajadores, que son los que producen la riqueza«.
«Lo que demostró la pandemia es que el mundo puede andar cuando los trabajadores tienen salud, entonces hay que proteger eso, invertir en eso, y no recortar la posibilidad de reclamar ante aquello que los enferma por la exigencia que se les impone», agregó el diputado.
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El proyecto
Semanas atrás la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad la ley que adhiere a Santa Fe a la reforma nacional sobre riesgos de trabajo contenida en la Ley Nacional 27.348. Así la discusión pasó a Diputados.
La Cámara alta provincial llevó a trece el número de comisiones médicas en la provincia. La ciudad de Santa Fe, que sólo iba a tener una, contará con dos, habrá tres en Rosario y una Venado Tuerto, una en Reconquista y otra en Rafaela. Y las comisiones médicas móviles serán cinco, una por cada circunscripción judicial.
Los puntos más importantes modificados en la adhesión de Santa Fe a la legislación nacional se vinculan con la provincialización de las comisiones médicas que emitirán sus dictámenes en el plano administrativo antes de ir a juicio.
Así la ley obligará a los trabajadores a aceptar el porcentaje de incapacidad determinado en una instancia prejudicial o esperar un fallo de un juez. Al contrario del proyecto original, que permitía aceptar el porcentaje de indemnización y cobrarlo para luego poder ir al fuero laboral.
