Por Aldo Battisacco – Enviado especial – A menos de dos semanas para que la Asamblea Legislativa se reúna para dar inicio al período ordinario de sesiones en el Congreso, la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camañó, desafió al oficialismo a debatir la agenda de la seguridad proponiendo el tratamiento de un proyecto denominado “Código Penal Justo”, que fue presentado en 2013, cuando Sergio Massa asumía como diputado.

Si de reclamos se trata, la legisladora adelantó que van a “trabajar para que el Congreso funcione. Vamos a exigirle al Gobierno que se trate el Código Penal”. La exigencia no es nueva, Camaño había demostrado su descontento en 2018, por el freno que el Gobierno le impuso a la labor parlamentaria.

En la misma línea dijo que su bloque fue impulsor de una batería de proyectos, como el que creó la figura del arrepentido, la ley de víctimas, el régimen de extinción de dominio, la nueva ley de ejecución penal y la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Respecto de la iniciativa del bloque massista de establecer una agenda con esta prioridad y en estos términos, en diálogo con Conclusión el diputado nacional de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, dijo que «se trata del reclamo que intenta instalar el gobierno, y sobre esto hay que decir que hay una inacción como en tantos otros temas, como el económico, social y productivo que se basan en anuncios efectistas porque no se llega a nada».

Para el santafecino, esta propuesta «es de 2015, este es un Código, y si bien se discutió durante una año, nunca se arribo a una conclusión por más que dicen que el código del oficialismo lo presente mañana. Falta vocación y voluntad política” y agregó “se siguen haciendo anuncios publicitarios sobre temas tan importantes como la seguridad a través de títulos y de trols».

«Para aplicar el derecho debe haber política judicial, pero no la hay, el ejemplo es que el país necesita juzgados, en el caso de Rosario no hay novedades sobre este punto, ni tampoco se han creado secretarías con tres cargos para que empiecen a trabajar revisando expedientes», señaló el legislador.

Grandinetti reafirmó los planteos de Camaño al referir que «el Frente Renovador se propuso como hecho político, una invitación al oficialismo para que sea más serio, hay que discutir las preocupaciones de la ciudadanía».

Consultado si la propuesta de su bloque es viable y creíble por parte de la población cuando es vox populi que la justicia es una de las instituciones de la república con baja o nula credibilidad, el parlamentario respondió que «otorgar al juez la capacidad de discernimiento por si solo, puede pasar cualquier cosa, lo que hacemos es ponerle límites a los magistrados».

«La sentencia es la de cumplimiento efectivo, deberá el juez resolver si son 10 años o no una pena, pero que sea ese tiempo, se debe racionalizar por este medio la cultura judicial de Argentina».

Y añadió: «Hay figuras que se crean que no son susceptibles de una ulterior interpretación, si el código dice que atacar un jubilado es un agravante no otra cosa. Hay que poner un coto y esta propuesta lo hace porque protege a las víctimas».

Según Grandinetti, no hay lugar para ulteriores interpretaciones “la pena se cumple en todos los delitos”, con lo cual “diez años de condena son diez años de cárcel”, al tiempo que apuntó que este es un “cambio de paradigma penal porque la condena debe ser cumplida».

El presidente Mauricio Macri anunciaría el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, el envío del proyecto de Código Penal, que fue elaborado por una comisión redactora presidida por el juez Mariano Borinsky. Si bien se esperaba que la iniciativa fuera remitida al Parlamento el año pasado, el debate sobre aborto obstaculizó su avance.