El titular de la UCR a nivel nacional y gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, convocó a los máximos dirigentes a una cumbre de trabajo en Mar del Plata, el epicentro donde los principales políticos han comenzado su carrera con miras a los comicios de 2023.
A la espera de las confirmaciones, la cita será el próximo lunes en un hotel, aunque sin ningún formato definido hasta el momento. Morales, que este sábado se mostró junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli por «La Feliz», contará con el apoyo del titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, para el armado del evento partidario.
Se espera la llegada del presidente del bloque de la UCR de Diputados, Mario Negri. También dirá presente el líder de los radicales en el Senado, Luis Naidenoff, quien arribaría en compañía de su pareja, la legisladora Carolina Losada, vicepresidenta de la Cámara Baja. Por su parte, se anotará a la partida el senador Martín Lousteau, quien acompañó a Morales en su recorrido con Larreta y Santilli.
Paralizadas momentáneamente la posibilidad de que la UCR convoque a elecciones partidarias para llegar con un único candidato a las PASO, aún no está confirmada la participación de otros dirigentes de peso y competidores internos de Morales por sus aspiraciones nacionales.
La cumbre marplatense apunta a limar las asperezas a nivel nacional, pero también en el armado de listas en otros distritos provinciales, como Córdoba y Santa Fe. En paralelo, se estudiará la posibilidad de que la UCR asuma una posición pública frente al caso Marcelo D’Alessandro, denunciado por el Gobierno Nacional de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, admisión de dádivas, ofrecimiento de dádivas y posible cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado».
El ministro de Seguridad porteño debió pedirse licencia tras una serie de supuestos chats y audios filtrados sobre un vínculo del funcionario con miembros de la Justicia y directivos de multimedios, además de un viaje a Lago Escondido, en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
Desde el PRO, el hecho fue denunciado como una operación de espionaje ilegal y documentación adulterada por parte del oficialismo.
