Por Alejandro Maidana
La necesidad de avanzar hacia un necesario cambio de paradigma en materia ambiental, resuena de manera altisonante en cada rincón de esta expoliada Argentina, incluso desde los sectores de poder. Pero claro, cabe destacar que el rumbo de las acciones nada tienen que ver con las decisiones políticas, que van decididamente a contramano de lo que se exterioriza desde la verba.
Mientras que la virulenta coyuntura actual nos invita a repensar qué tipo de sistema productivo necesitamos y, por ende, cómo resignificar la tierra y costumbres ligadas al consumo, las actividades que cargan consigo un fuerte impacto ambiental no han cesado. Por ello, es menester seguir no solo complejizando ciertos debates, sino también hacer más fuertes aquellas resistencias que se niegan a ser doblegadas.
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La idea de que sea el Estado quién financie actividades privadas, aportando incluso ciertos beneficios impositivos, sigue empujando la discusión ambiental hacia los márgenes de una historia escrita con la pluma de los «negocios». Debido a esto, aquellas voces que nunca callaron y siguieron fuertes, dignas y coherentes, hoy se hacen escuchar para solicitar una vez más que se deje de gobernar de espaldas al pueblo.
¿Qué son los bioplásticos?
Si bien no hay una única definición, el proyecto toma la acepción más amplia que incluye tanto a plásticos producidos total o parcialmente con materias primas de origen biológico (que pueden o no ser biodegradables), pero también a aquellos producidos a partir de combustibles fósiles pero que tenga propiedades de biodegradabilidad. Los primeros, denominados “biobasados”, pueden provenir de cultivos, tales como el maíz o la caña de azúcar, o de residuos o subproductos del agro o de la industria alimentaria. Muchos plásticos biobasados no son degradables, igual que los plásticos convencionales.
“Nos preocupa que el Estado termine financiando el maquillaje verde de la industria plástica, sin generar y, peor aún, obstaculizando soluciones de fondo”, sostuvieron desde una veintena de organizaciones de la provincia -con larga trayectoria de trabajo socioambiental-, en una nota entregada a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se encuentra el proyecto. El mismo es autoría del diputado Joaquín Blanco (PS), y busca fomentar la producción de bioplásticos en la provincia, para lo cual prevé financiar inversiones de las empresas y otorgarles beneficios impositivos, entre otras medidas.
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La nota de rechazo fue firmada por: Taller Ecologista, El Paraná No Se Toca, Paren de Fumigarnos, Cátedra de Agua(UNR), Tramatierra, Villa Constitución sin Venenos, Greenpeace Rosario, STS Rosario, Taller de Comunicación Ambiental, Fridays for Future Rosario, Jóvenes por el Clima Rosario, Marcha Plurinacional de los Barbijos, Mercado Solidario, Red de Comercio Justo del Litoral, Centro Ecologista Renacer, Conciencia Solidaria y Propuesta Sur-Rosario.
Argumentos en contra
A través de la nota presentada, como en varios documentos anteriores, las organizaciones exponen argumentos contundentes. “En primer lugar, hay mucha incertidumbre acerca de los beneficios ambientales de los bioplásticos. A pesar de la etiqueta «verde», a nivel científico hay muchos debates al respecto. Paradójicamente, diversos estudios reportan los problemas de biodegradabilidad de materiales supuestamente biodegradables. A su vez, otros analizan su ecotoxicidad, es decir, cómo afectan negativamente la fauna y flora. Por último, su producción genera impactos similares que los plásticos convencionales: en algunos aspectos pueden ser mejores, pero en otros su impacto puede ser mayor”.
Fomentar alternativas de beneficios ambientales inciertos pero que se promocionan como más ecológicas puede bloquear las soluciones reales.
Las organizaciones además sostienen que la verdadera solución a la crisis de contaminación por plásticos está en reducir su producción y consumo, particularmente de aquellos plásticos de corta duración, como los envases y artículos descartables. “Fomentar alternativas de beneficios ambientales inciertos pero que se promocionan como más ecológicas puede bloquear las soluciones reales, además de malgastar recursos”, expresan. Por otro lado, en lo referido a plásticos compostables, las organizaciones se preguntan acerca de ¿cuál es el sentido de promover este tipo de materiales en un país en el que el compostaje es casi inexistente?
Intereses corporativos
Las organizaciones identifican dos sectores económicos con intereses en el proyecto. Por un lado, a sectores de los agronegocios, aglutinados en Maizar, de donde surge el interés de avanzar en los bioplásticos. Y por otro, la propia industria plástica, que tiene responsabilidades importantes en la crisis ambiental de contaminación con plásticos. “Las múltiples crisis, ambiental, sanitaria y económica, tornan inaceptable y repudiable que desde el Estado se destinen recursos para financiar a sectores productivos (los agronegocios y la industria plástica), cuyas actividades contribuyeron y contribuyen enormemente al deterioro ambiental”, expresan en la nota entregada a los diputados.
Necesidad de más participación
Mientras desde diversas instancias se plantea la importancia de la participación de la sociedad en asuntos ambientales, cuando ésta ocurre es minimizada y desatendida.
Asimismo, reclamaron por una mayor participación, entendiendo que desde la Presidencia de la Comisión ha habido una muy limitada apertura a la participación de las organizaciones en los procesos de discusión, y ni siquiera han recibido un acuse de recibo por parte de la Comisión a nota enviada previamente. “Mientras desde diversas instancias se plantea la importancia de la participación de la sociedad en asuntos ambientales, cuando ésta ocurre es minimizada y desatendida. Existe un amplio abanico de normativas nacionales y sub-nacionales, acuerdos e instrumentos internacionales que reconocen la importancia de la participación ciudadana y fijan mecanismos para ello, entre los cuales podemos destacar la Ley General del Ambiente y el más reciente Acuerdo de Escazú”, manifestaron, esperando ser escuchados y que se consideren los argumentos en el proceso de discusión del cuestionado proyecto.
