La reforma del Consejo de la Magistratura, la modificación de la ley que rige la Procuración General, el nuevo Código Civil y Comercial, el Código Procesal Penal, el número de integrantes de la Corte Suprema y la
política contra la corrupción fueron algunos de los temas abordados en el debate organizado hoy por el Foro de Convergencia Empresarial.
El encuentro, realizado en el Salón Fano de la Sociedad Rural Argentina, contó como expositores a los senadores Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) y Rodolfo Urtubey (FpV-Salta); los diputados Pablo Tonelli (PRO-CABA) y Manuel Garrido (Progresista).
También estuvo el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ricardo Sáenz; y directivos de las entidades que integran el FCE.
El debate fue moderado por Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge, mientras que el cierre estuvo a cargo de Miguel Blanco, coordinador del Foro.
Con la excepción del Senador Urtubey, el resto de los panelistas coincidió en la necesidad de encarar una reforma del actual Consejo de la Magistratura con el fin de procurar un mayor equilibrio entre los distintos estamentos de modo que ninguno de ellos pueda tener mayor peso que el resto.
En su mayoría, se inclinaron por incluir un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de lograr una mejor articulación con el Supremo Tribunal y también propiciaron una mayor autarquía económica de dicho organismo.
El actual Código Civil y Comercial abarcó gran parte del interés de los asistentes, reclamándose que en el momento de su gestión parlamentaria no tuvo el suficiente debate.
En ese sentido, se comentó que se cambió el sentido de los artículos y se modificaron temas centrales que quedaron poco claros como los referidos a obligaciones en moneda extranjera, responsabilidad del Estado, limitaciones a la propiedad privada, excesivas atribuciones para los Jueces que pueden modificar contratos privados.
En cuanto al Código Penal, se reclamó una modificación que contemple la posibilidad de incorporar la figura del arrepentido y la de protección al ciudadano que efectúe una denuncia de delitos de corrupción y un mayor plazo sobre para la prescripción de este tipo de delitos.
Respecto de la Corte Suprema de Justicia, hubo coincidencia en que el número actual de cinco miembros que la integran es el adecuado.
«Lo importante es la calidad de los integrantes y el modo de funcionamiento», se precisó, al tiempo que se reclamó que tenga un rol exclusivamente constitucional y un carácter más federal, focalizando su atención y reduciendo la cantidad de casos que resuelve.
A la hora de las conclusiones, se enfatizó:
Concretar la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Bs. As., junto con su correspondiente partida presupuestaria.
Efectuar modificaciones puntuales al nuevo Código Civil y Comercial.
Trabajar la agenda de la justicia con un abordaje planificado para su modificación.
Por último, la preocupación sobre el sistema electoral no estuvo ausente de la reunión. Se advirtió sobre el riesgo de que quede cuestionada la legitimidad del próximo acto eleccionario y de las futuras autoridades que surjan.
