Por Alejandro Maidana

«Si Mauricio Macri firma contrato con China para construir un nuevo reactor nuclear en Argentina, la operación sería ilegal e inválida y por lo tanto debe ser denunciado ante la Justicia. El Estado no puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública «; sostuvo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM.

Debido al avance en el convenio con el gigante asiático, son dos las organizaciones ecologistas que plantearon en los últimos días su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de avanzar en la construcción de una nueva central nuclear en Argentina.

Sería la cuarta usina, que se localizaría en Lima (provincia de Buenos Aires), el mismo sitio donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2. La tercera existente es la cordobesa de Embalse, que genera energía desde 1984 y que acaba de renovar su vida útil por otros 30 años luego de obras de recambio y actualización.

Sobre esto último Montenegro alertó: “Cualquiera de las actuales tres centrales nucleares de potencia, Embalse, Atucha I y Atucha II, pueden sufrir el peor accidente o evento nuclear nivel 7 en la escala internacional del INES, afectando a quienes viven en un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor de cada planta, incluidos Uruguay y en parte Chile, ya que las nubes de material radiactivo podrían contaminar los glaciares andinos que proveen de agua potable a ambos países». Lo que podría significar un desastre sin precedente alguno para esta parte del planeta.

El referente máximo de FUNAM no titubeó a la hora de denunciar que el gobierno nacional «no ha preparado a la población para enfrentar ese peor accidente o evento nuclear para evitar que se conozcan los riesgos reales. Se limita a hacer simulacros de accidente leve 10 kilómetros alrededor de cada central».

El doctor Raúl Montenegro (Premio Novel Alternativo 2004),  recordó que en Estados Unidos «los trámites de evaluación de impacto ambiental para nueva central nuclear demandan 12 años como mínimo, 3 de los cuales destinados a consultas públicas. En Argentina el gobierno lo reduce al ilegal trámite de firma de un contrato en China».

«Lo que tampoco explica el gobierno nacional, ni las autoridades del sector nuclear, es que si un avión comercial de gran porte, por ejemplo un Boeing 767 o un Airbus 320, chocara contra el depósito externo de combustible nuclear agotado, por ejemplo en Embalse, no tendríamos el equivalente a un Chernobyl, sino a una decena de Chernobyl como mínimo», subrayó con enorme preocupación.

Montenegro agregó que las centrales nucleares de potencia «tienen dos fuentes de riesgo extremo, en primer lugar los materiales altamente radiactivos contenidos en el corazón de los reactores, y en segundo lugar los depósitos <también altamente radiactivos> de combustible nuclear agotado. En Embalse por ejemplo los depósitos están menos protegidos que los reactores».

«Ante tanta impericia e irresponsabilidad, desde FUNAM elaboramos un Plan Ciudadano para enfrentar accidentes y eventos nucleares en 2011 sin que el Estado reaccionara desde entonces».

Argentina ya tuvo el peor accidente nuclear de América Latina y Caribe y la primera víctima de la región.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) han mantenido un sistemático y sugestivo silencio sobre el peor accidente nuclear registrado en América Latina y Caribe, ocurrido en el reactor nuclear de investigación RA-2 del Centro Atómico Constituyentes, en la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente no hubo emisión de materiales radiactivos fuera del reactor.

“Ese accidente por falla humana no solo le costó la vida a un operador, sino que otras 17 personas también recibieron radiación Gamma y neutrones. Argentina tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima de un accidente nuclear. Ocurrido al final de la dictadura cívico militar <el 23 de septiembre de 1983>,  ese accidente alcanzó el nivel 4 de la escala del INES, cuando el de Chernobyl, sucedido tres años después, fue nivel 7. No hay ningún valor de radiación ionizante que sea seguro. Hasta las descargas rutinarias de Embalse y Atucha I representan un riesgo.»

Raúl Montenegro afirmó “que la firma del contrato para la construcción de un reactor nuclear chino, que seguramente sería un Hualong One a uranio enriquecido no es solamente ilegal, sino también una bofetada a la sociedad, pues se haría sin licencia social y con un reactor chino prácticamente experimental. Todos seríamos conejillos de Indias».

«Peor aún, los gobiernos anteriores y el actual de Mauricio Macri, nunca le explicaron a la sociedad que en materia de radiación ionizante <la radiación que desprenden los materiales radiactivos naturales y los artificiales creados en los reactores, y hasta la radiación cósmica procedente del espacio> no hay ningún nivel de dosis inofensivo. Desde el año 2006 sabemos, por las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, que cualquier dosis implica un cierto riesgo para la salud, en especial cáncer (ver el documento BEIR VII Segunda Fase de las citadas Academias de Ciencias). Por esa causa los organismos de protección radiológica como ICRP, UNSCEAR y BEIR crearon la noción de dosis aceptables, es decir, valores que producen una cantidad de enfermos y muertes pero que se aceptan para poder permitir el desarrollo de la tecnología nuclear», indicó.

Para finalizar, Montenegro disparó: “Las emisiones rutinarias de Embalse, Atucha I y Atucha II pueden provocar daños. Los directivos de esas centrales aducen que sus descargas están autorizadas, pero no explican que aún esas bajas dosis pueden enfermar y producir eventualmente cáncer». Recordando que un estudio reciente realizado para el gobierno de Alemania (2008) «demostró para niños que viven dentro de los 5 kilómetros de distancia de 16 reactores nucleares un aumento de 1,6 veces en los casos de cánceres sólidos y de 2,2 veces en las leucemias. En Argentina, en cambio, no se han hecho estudios epidemiológicos independientes alrededor de Atucha I, Atucha II y Embalse. El gobierno le teme a los resultados».

FUNAM recordó que los residuos artificiales altamente radiactivos que producen los reactores nucleares de potencia «son peligrosos por más de 2.400 siglos» y que en Argentina «no existe un organismo de control verdaderamente independiente pues la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) está comprometida con el programa nuclear de Argentina, y las provincias no controlan».

Quién quiera oír que oiga, pero antes que sea muy tarde.